Luego de un mes en espera de respuesta a los reclamos de atención a menores migrantes que quedan en desamparo cuando arrestan a personas adultas que les cuidan, el Frente Amplio de Acción Social (FAAS) reitera la falta de atención y rendición de cuentas de esta administración. Según la Dra. Alice Pérez Fernández -coordinadora general de FAAS-, la gobernadora Jenniffer González Colón, Suzanne Roig Fuertes -secretaria de la Familia-, y a la Lcda. Astrid Piñeiro Vázquez -Procuradora de las Mujeres- ignoraron el requerimiento del FAAS para que ofrezcan ante el País respuestas claras, veraces, basadas en datos verificables acerca de la atención de su administración a menores migrantes. ¨Desde nuestra denuncia, oficiales estatales y federales han permanecido en silencio, a pesar de que notas de prensa evidencian que en efecto existen menores que enfrentan el trauma de quedar sin las personas que les cuidan¨, reclamó Pérez Fernández. También expresaron que se realizan gestiones para concretar una reunión con Eliezer Ramos Parés, secretario de Educación, único funcionario que respondió a la comunicación enviada por el FAAS.
El 3 de junio de 2025, el FAAS requirió que la administración de González Colón estableciera una política pública oficial enfocada en el bienestar y protección de menores migrantes en nuestro País. Es vital establecer si existen actualmente menores de edad bajo custodia del gobierno de Puerto Rico que hayan sido separados de sus madres, padres o personas cuidadoras por causas relacionadas a procesos migratorios. ¨Requerimos conocer el paradero, estado de salud y situación jurídica de dichos menores. Esta administración debe divulgar si existe coordinación entre el Departamento de la Familia y las autoridades federales de inmigración para evitar separaciones familiares improcedentes y en violación de convenciones internacionales que garantizan los derechos de infancias, niñeces y juventudes¨, reiteró Dra. Migna Rivera García, de la Universidad Albizu.
Igualmente, la OPM debe certificar si entre las personas arrestadas y deportadas existen madres o mujeres cuidadoras de menores residentes en Puerto Rico. González Colón debe divulgar cómo su administración provee y garantiza que menores migrantes puedan superar el trauma que detona la separación de sus padres, madres y personas cuidadoras. Por último, tanto González Colón como Roig Fuertes deben revelar si su administración cumple con el protocolo establecido por la Ley Núm. 57-2023 (según enmendada por la Ley 200-2024), en lo concerniente a la reunificación familiar como prioridad del interés superior del menor.
¨Es deber del Estado servir a la ciudadanía. Nuestro pueblo es tan afrocaribeño como de migrantes que provienen de República Dominicana y Haití, quienes representan el 81% de las personas deportadas desde enero. Nuestro compromiso inquebrantable, que debe ser el de estas funcionarias como representantes del Estado es establecer políticas públicas que garanticen los derechos humanos y civiles de todas las personas que residen en Puerto Rico, particularmente a sectores vulnerados desde la falta de acción de esta administración¨, declaró Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género. Cuestionan cómo la administración de González Colón asegura que las necesidades básicas de menores en Puerto Rico están suplidas para garantizar su alimentación, salud, seguridad, vivienda, educación y otros derechos humanos declarados por organismos de alcance mundial.
¨Basta de que quienes dirigen el destino de Puerto Rico rehúsan atender los reclamos del pueblo¨, puntualizó la Dra. Rivera García. Nuestra sociedad merece que la Primera Ejecutiva y su gabinete honren su deber ministerial, que es servir al pueblo. ¨Esta administración insiste en afirmar que su política pública se enfoca en la transparencia, apertura y rendición de cuentas, pero incumple consistentemente.¨ El FAAS reclama que estas funcionarias respondan a estos reclamos con evidencia corroborable, desde la urgencia que merece la seria crisis social que enfrentamos.
