El Departamento de Educación (DE) expresó desacuerdo con una legislación que propone un aumento salarial de $1,000 mensuales para los empleados no docentes de la agencia al señalar durante una vista pública que el Plan de Clasificación y Retribución está en su fase final de desarrollo y la medida “interviene” con el proceso estructurado para implantarlo.
No obstante, en una ponencia firmada por el secretario Eliezer Ramos Parés, el DE informó que este instrumento impactará a 7,936 empleados, de los cuales 6,319 -entiéndase un 79% de ellos- recibirán un aumento salarial. Es importante señalar que la etapa de revisión y análisis del Plan de Clasificación debe estar finalizada en o antes de diciembre de este año.
La Comisión de Educación, presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, atendió el Proyecto de la Cámara 703, que fue presentado a finales de mayo por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, a petición del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras.
“No es viable que automáticamente se les aumente el salario a todos los empleados, sin distinción alguna, porque no se estaría tomando en consideración el principio de mérito; las funciones actuales que lleva ese puesto, ese empleado”, pronunció la licenciada Saraí Ruiz, directora de la Oficina de Política Pública del DE.
La deponente adelantó que, una vez se complete el “desarrollo analítico” del Plan de Clasificación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identificará los partidas para ejecutarlo y tendrá que ser aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) durante el año fiscal vigente. Hasta el momento, el nuevo esquema retributivo contará con 23 escalas salariales que oscilarán entre un mínimo mensual de $1,929 y un máximo mensual de $8,546.
Así mismo, el DE también confirmó que en los pasados meses 3,400 trabajadores ya se beneficiaron de alzas salariales luego de que en abril de 2025 la agencia implementó un salario mínimo de $11.00 por hora para los asistentes de Servicios Especiales al Estudiante y, posteriormente, extendió esta medida a otros empleados no docentes que percibían una remuneración inferior al mínimo establecido.
A preguntas del representante Eddie Charbonier Chinea, portavoces de la agencia confirmaron que el sueldo más bajo es de $1,785.50, por lo que todos los empleados devengan un salario que supera el mínimo federal de $1,700. El DE indicó que pretende ascender el salario mínimo de la agencia a $1,929, mientras que la agencia estimó en $36.2 millones el efecto económico global del Plan de Clasificación.
Charbonier Chinea, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, comentó que contempla citar tanto al componente de educación como a las agencias fiscales para determinar cuáles serán las fuentes para los fondos recurrentes que permitirán dar continuidad al Plan de Clasificación. Agregó que esta discusión formará parte de las revisiones trimestrales del Plan Fiscal 2025-2026, que inició el pasado 1 de julio.
En representación de la OGP, la licenciada Zulma Canales detalló que la agencia mantiene bajo su custodia fondos del Civil Service Reform, una iniciativa de la pasada administración para optimizar los recursos humanos en las agencias del Ejecutivo. Sin embargo, la OGP tendrá que definir si cuentan con las asignaciones suficientes para implementar el aumento de $1,000 contemplado en la propuesta legislativa.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) alertó que la disponibilidad de estos fondos está sujeta a que se cumplan con los parámetros del programa y el Plan Fiscal certificado por la JSF. El licenciado Luis Roberto Rivera también advirtió que el proyecto no contempla un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), según requerido por la Ley 1-2023.
“Este tipo de medidas -que evidentemente tienen un impacto presupuestario- tienen que ser consideradas adecuadamente, ya que, al final del día, su impacto pudiera llevar a que tengamos un presupuesto desbalanceado”, mencionó.
Cabe destacar que la representante Pérez Ramírez anticipó que la pieza legislativa sufrirá enmiendas para ordenar revisiones periódicas del Plan de Clasificación, de modo que se reajusten los salarios de acuerdo con el costo de vida en Puerto Rico. Esta enmienda fue apoyada de manera unánime por los legisladores que participaron de la vista pública.
“Sabemos que el costo de vida va a seguir en aumento, los años van a seguir pasando, y queremos garantizarles a ellos que, según evolucione el tiempo y según el costo de vida, nosotros podamos seguir aumentándoles ese sueldo paulatinamente”, manifestó Pérez Ramírez.
