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La Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, que preside el senador Wilmer Reyes Berríos, evaluó hoy en vista pública tres proyectos de ley dirigidos a fortalecer el intercambio de información de salud, garantizar derechos ante el uso de inteligencia artificial en servicios públicos y ofrecer mayor transparencia a las víctimas de violencia sexual mediante un sistema de rastreo forense.
En primera instancia, durante la vista pública, se examinó el Proyecto del Senado 613, que propone la creación de la “Ley para Promover y Establecer el Intercambio de Información de Salud de Puerto Rico”. Esta medida de Administración, presentada por la delegación del Partido Nuevo Progresista, busca establecer una nueva estructura legal y operativa para el manejo del Puerto Rico Health Information Exchange (PRHIE), adscrito al Programa Medicaid del Departamento de Salud.
El proyecto reconoce al PRHIE como la entidad oficial encargada del intercambio electrónico de información de salud en la isla, en cumplimiento con estándares federales. Además, crea un Consejo Asesor multisectorial que apoyará en la formulación de estrategias, gobernanza y planificación del sistema, con el fin de fortalecer la coordinación entre proveedores, reducir costos en servicios médicos y facilitar el cumplimiento de métricas de calidad. La ley contemplaría, de forma obligatoria, la participación para proveedores con expedientes electrónicos, garantizando así una infraestructura robusta y segura para los datos clínicos de los pacientes.
Ante la posibilidad de la creación de esta ley, el secretario del Departamento de Salud, Víctor M. Ramos endosó la medida, tal cual está redactada, pues considera que promueve una mejor calidad de cuidado médicos, reduce los costos y cargas administrativas, optimiza la gestión de la salud poblacional y fortalece la coordinación entre proveedores de salud. “Esto va a abaratar los costos, va a ayudar al sistema de salud, porque un médico va a poder ver el tracto y no repetir exámenes, entre otras cosas. Va a ser mucho más fácil atender a los pacientes y brindar servicios”, sentenció el secretario de Salud.
Por su parte, Héctor A. Mujica Trenche, en representación de Fresenius Medical Care, presentó recomendaciones para enmendar el proyecto, con el fin de asegurar su viabilidad operativa y alineación con estándares federales de interoperabilidad en el intercambio de información de salud. Expresó preocupación con la disposición del Artículo 8 de la medida, que obliga a todo proveedor con expediente de salud electrónico a conectarse directamente al PRHIE. Argumentó que esta obligación podría interpretarse como un mandato para establecer conexiones técnicas redundantes, a pesar de que ya participan en redes nacionales robustas de intercambio de datos clínicos como Commonwell Health Information Exchange, eHealth Exchange y CareQuality.
Mujica Trenche indicó que exigir conexiones directas y separadas con el PRHIE implicaría costos técnicos y operacionales significativos, sin un valor añadido concreto para el sistema de salud de Puerto Rico, ya que la información ya fluye mediante redes nacionales seguras. En lugar de duplicar esfuerzos, propuso que la ley instruya explícitamente al PRHIE a integrarse activamente con estas redes nacionales, tal como ya se contempla en el Artículo 4(b) del proyecto. Recomendó que esta integración sea un mandato, para optimizar recursos, evitar redundancias y acelerar la disponibilidad de datos clínicos mediante infraestructuras ya existentes y consolidadas a nivel federal.
Por otro lado, se analizó el Proyecto del Senado 622, de la autoría del senador Reyes Berríos, para crear la “Ley de Transparencia y Derecho a la Interacción Humana en Servicios Públicos Asistidos por Inteligencia Artificial”. La misma, tiene como fin garantizar que toda persona sea informada cuando interactúe con un sistema automatizado o con inteligencia artificial al recibir servicios públicos.
Además, reconoce el derecho del ciudadano a solicitar en cualquier momento la intervención de un ser humano en el proceso. De aprobarse, las agencias y corporaciones públicas deberán notificar de forma visible y accesible el uso de estos sistemas en plataformas digitales, líneas telefónicas o kioscos. La propuesta también establece penalidades administrativas, entre $500 y $5 mil, por incumplimiento y delega en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS) la creación de reglamentos para su implementación.
La licenciada Teresita Santoni Gordon, en representación de DACO, expresó su apoyo al Proyecto del Senado 622, destacando que la medida promueve una relación más transparente y ética entre el ciudadano y la tecnología. Según Santoni Gordon, notificar a los usuarios cuando están interactuando con inteligencia artificial (IA) empodera a los ciudadanos, reduce riesgos y fortalece la confianza en los sistemas automatizados. Aunque recomendaron que fuera PRITS quien implemente y fiscalice el cumplimiento de este proyecto y no sea DACO, como está desglosado en el lenguaje de la medida.
A su vez, el presidente de la empresa Soy Un Glitch LLC, Joshua Castro Pabón, respaldó el Proyecto del Senado 622, al considerarlo una iniciativa de liderazgo visionario que posiciona a Puerto Rico a la vanguardia en la regulación responsable del uso de IA en el gobierno. Aunque, para fortalecer e implementar eficazmente el proyecto, propuso una serie de recomendaciones, entre ellas: una implementación gradual entre 2025 y 2027 mediante programas piloto; inversión en capacitación institucional; coordinación preventiva con agencias federales; y el establecimiento de métricas de éxito y revisión continua.
Castro Pabón aprovechó para ofrecer una colaboración pro bono que incluye capacitación técnica gratuita para empleados públicos, consultoría en el diseño de procedimientos de evaluación de IA, y transferencia de conocimiento sobre mejores prácticas internacionales. A la vez, afirmó que con la ejecución de esta medida se permitirá crear servicios públicos más transparentes y accesibles, protegiendo derechos ciudadanos y posicionando a Puerto Rico como exportador de experiencia en la gobernanza de inteligencia artificial.
Ante preocupaciones sobre el alcance la medida, el senador Reyes Berríos destacó que el propósito del proyecto no afectaría los servicios de la empresa privada y solo estaría directamente enfocado en agencias públicas.
Finalmente, se discutió el Proyecto de la Cámara 21, del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, que busca establecer un “Portal Electrónico de Rastreo del Equipo de Recolección de Evidencia Forense de Violencia Sexual”. Esta, pretende garantizar que las víctimas de delitos sexuales puedan conocer, de forma segura y confidencial, el estatus de su kit forense desde su recolección hasta el análisis final.
El portal sería administrado por el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud y recibiría información del Instituto de Ciencias Forenses, el Negociado de la Policía y otras agencias intervinientes. Se establecerían protocolos de notificación tanto iniciados por las víctimas como por las agencias, y contempla la creación de un grupo interagencial responsable de su implementación y mantenimiento.
La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, la doctora María Conte Miller, mencionó que endosa el proyecto cameral, ya que aporta al cumplimiento del Protocolo de Notificación a las Víctimas Sobrevivientes, además de “ampliar las iniciativas de gobierno digital y fomentar la transparencia de los procesos, lo que sin duda resulta en un aumento en la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones y especialmente en nuestro Sistema de Justicia”.