La Asociación de Industriales de Puerto Rico y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) reclamaron en vista pública de la Comisión de Gobierno soluciones ante el impacto negativo del aumento de la tarifa eléctrica sobre la competitividad de la Isla.
Durante la evaluación de la Resolución de la Cámara 42, la Lcda. Karen Mojica Franceschi, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, aseguró que,debido al alto costo de la tarifa energética unido a los problemas de intermitencia en el servicio, se ha perdido aproximadamente mil millones de dólares en proyectos de inversión de parte de compañías que decidieron no establecerse en la Puerto Rico.
“Hemos perdido negocios, no es que han aguantado inversión, es que han decido que no, que no se van a meter aquí; le diría que, de conocimiento personal en los pasados cinco años, por lo menos diez empresas de manufactura grandes”, respondió la deponente a preguntas del presidente de la Comisión, el representante Víctor Parés Otero.
Mojica Franceschi añadió que esta decisión de negocios ha representado pérdidas “de más de mil millones de dólares entre la construcción de las plantas y todo lo que conlleva, además de la creación de alrededor de 80 empleos por cada planta”.
“El costo de energía es un disuasivo y tras que tienes el costo, tienes que no es eficiente, no es constante y no es consistente, así que tus equipos están en riesgo, tus líneas de producción también”, dijo la deponente, quien aseguró que esto es un disuasivo para empresas farmacéuticas que quieran hacer reshoring para no verse afectadas por los aranceles recién aprobados.
A su vez, indicó que – a pesar de que Puerto Rico es la jurisdicción número uno a nivel nacional en la manufactura de productos farmacéuticos– la inconsistencia en el servicio energético ha impactado la inversión para operar una planta a nivel local, porque es necesario la instalación de generadores, placas solares y baterías de almacenamiento para asegurar que no haya fluctuaciones en el voltaje.
“La inversión que hay que hacer para tener una planta en Puerto Rico es mucho más alta que la que hay que hacer a veces afuera, porque los sistemas de redundancia son parte integral de la consideración para establecerse aquí, los mismos tienen que ser dobles y a veces triple, porque sabes que la luz va a fallar”, aseguró Mojica Franceschi.
La ejecutiva sostuvo que “la situación energética de Puerto Rico requiere atención urgente y una acción legislativa decidida”, por lo que recomendó una revisión y fiscalización del modelo de energético para promover mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Como parte de su planteamiento, especificó la necesidad de “incentivos concretos para la generación distribuida, particularmente en el sector industrial, y la creación de un fondo de estabilización tarifaria que amortigüe las variaciones en los precios de la electricidad mientras se estabiliza el sistema energético, que permitiría la compra de excedentes de energía entre empresas, promoviendo la autosuficiencia y sostenibilidad”.
Asimismo, recalcó que es necesario que se termine de dilucidar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctricapara mejorar el sistema y evitar la incertidumbre fiscal.
Mientras, Arnaldo Bisono Serrano, presidente del Comité de Energía de la Asociación de Industriales, sugirió una enmienda al marco regulatorio actual para que se establezca una tarifa de compra de energía excedente que se produce a nivel industrial.
A preguntas del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, en torno a si se han reunido con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para plantear el tema, BisonoSerrano informó que “hemos sostenido reuniones, en muchas ocasiones se han discutido las preocupaciones, en otras ocasiones no necesariamente hayamos documentado esas preocupaciones, pero si se han discutido y se han establecido planes de acción, sin embargo, no ha habido ningún resultado”.
Por su lado, la Dra. Sonia Navarro, presidenta electa de ASORE, reclamó una moratoria de 24 meses en los aumentos tarifarios comerciales de energía eléctrica ya que según aseguró, el sector comercial “no aguanta un aumento más”.
Junto a esta moratoria, la presidenta comercial solicitó una auditoria exhaustiva de costos reales de generación y distribución ya que “según los datos, en Puerto Rico se han hecho aumentos en la tarifa energía eléctrica anualmente. Esto deja de forma clara que 12 meses de moratoria no serían suficientes para poder estudiar y ver un cambio real y contundente en lo que es un alivio económico para Puerto Rico”.
A preguntas del representante Ángel Fourquet Cordero, Navarro expresó que los aumentos decretados no handado espacio a la industria para recuperarse, indicando así que esta moratoria es necesaria.
De igual forma, advirtió que la industria de restaurantes “enfrenta una crisis de costos sin precedentes. El 53.1 por ciento reportó aumentos entre 10 y 20 por ciento en su factura eléctrica durante 2025. El 12.6 por ciento informó aumentos superiores al 20 por ciento. En conjunto, el 65.7 por ciento de los restaurantes enfrentó aumentos significativos de 10 por ciento o más en su factura energética este año”.
Las cifras están contenidas en el estudio “Situación Económica de la Industria de Restaurantes y Distribuidores en Puerto Rico”, que recoge el escenario de negocios entre agosto y septiembre del presente año, el cual muestra un cuadro de “estancamiento económico” en el sector.
Esta situación no solo afecta a los restaurantes, sino a los distribuidores de alimentos. El 80 por ciento de ellos reportó aumentos en su factura, que son trasladados parcialmente a los restaurantes, según la encuesta realizada por la organización que agrupa a 900 establecimientos gastronómicos a través de la Isla.
La presidenta electa de ASORE subrayó que, ante la situación, “los dueños de restaurantes se han visto obligados a implementar medidas arriesgadas buscando mantener a flote sus negocios. El 60.5 por ciento ha tenido que recurrir a estrategias de ventas más atractivas para intentar retener la fidelización de los clientes, mientras que el 54.6 por ciento ha reducido gastos operacionales”.
También, señaló que “no hay margen para más recortes”, tras las reducciones en empleomanía y horarios que ya ha implementado el 48.5 % de los encuestados.”
A esto se suma el aumento en el costo de los alimentos que deben reponerse tras los apagones, la inversión necesaria para reparar los equipos y la disminución en el consumo de los clientes, quienes han visto reducida su capacidad de gasto en los restaurantes.
El presidente anterior de la organización, Ramón Leal,trajo a la discusión eliminar el Impuesto Sobre Ventas y Uso en alimentos preparados que “puede ser un alivio ahora mismo para todo el pueblo, porque ese es un impuesto que afecta ya que muchas personas tienen que comprar comida afuera porque trabajan y es parte de los cambios que se han dado en el Puerto Rico actual”.
Al finalizar la vista pública, el representante Parés Otero aseguró que analizará con detenimiento cada propuesta, sobre todo la moratoria de 24 meses, que fue bien acogida entre los miembros de la Comisión.
A los trabajos de esta audiencia pública se unieron además los representantes Pedro “Pellé” Santiago Guzmán y José “Cheo” Hernández Concepción.
