Las principales organizaciones del sector productivo de Puerto Rico, que agrupan a miles de empresas entre comercio, alimentos, restaurantes, manufactura y servicios, enviaron hoy a la Gobernadora, al liderato legislativo y municipal, el estudio económico “Alternativas para la Sustitución del Impuesto al Inventario”, elaborado por el economista Vicente Feliciano y su firma Advantage Business Consulting, el cual cuantifica de manera técnica y responsable las fuentes fiscales que permitirían sustituir el impuesto al inventario sin crear nuevos tributos ni afectar las finanzas municipales.
El análisis confirma que las alternativas identificadas superan los $700 millones en recaudos potenciales, lo que viabiliza una transición ordenada hacia la eliminación del impuesto una vez concluido el periodo de congelación de tres años que se propuso en el Proyecto de la Cámara 420 (PC 420) y que la Gobernadora vetó en las pasadas semanas.
Entre las principales fuentes de sustitución cuantificadas, las que en su mayoría fueron identificadas por el presidente de Senado y el presidente de la Federación de Alcaldes, se incluyen: la exención municipal de aportaciones a Medicaid (ASES), el reembolso del Fondo de Redención Estatal, propuestas legislativas de la Federación de Alcaldes, la captación de ingresos adicionales provenientes de fondos federales y arbitrios al ron, entre otras.
Además, el sector privado estableció que deben considerarse medidas adicionales como el aumento en recaudos del IVU en las ventas por internet y la auto tasación de propiedades comerciales, que permitiría a los comercios declarar y pagar la contribución sobre propiedad inmueble de forma ágil y actualizada, mejorando la eficiencia en recaudos y proveyendo ingresos sostenibles al CRIM y los municipios.
El presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), José González, destacó que el estudio representa un ejercicio serio de responsabilidad fiscal y compromiso con el país. “Este análisis demuestra que es posible eliminar el impuesto al inventario sin afectar los servicios municipales ni imponer nuevos impuestos. Existen alternativas concretas, cuantificadas y sostenibles. Ahora le corresponde al Gobierno integrarlas dentro del marco de la Reforma Contributiva y actuar con sentido de urgencia. El sector privado reitera su disposición de colaborar activamente con el Ejecutivo, la Legislatura, los alcaldes y la Junta de Supervisión Fiscal para lograr una transición ordenada y justa”, expresó González.
Por su parte, el economista Vicente Feliciano, autor del estudio, explicó que los datos confirman que Puerto Rico puede lograr la eliminación del impuesto sin menoscabar la capacidad fiscal de los municipios, incluso de forma inmediata. “El análisis evidencia que el Gobierno cuenta con un margen suficiente de sustitución. Las fuentes identificadas son realistas, recurrentes y compatibles con los principios de estabilidad fiscal. La transición es viable y debe ser implementada de forma urgente para maximizar el beneficio al ciudadano, fortalecer la competitividad y seguridad del país”, señaló Feliciano.
Las organizaciones que suscriben la carta remitida a la Gobernadora son ACDET, Asociación Hecho en Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas (CUD), Asociación de Restaurantes (ASORE), Cámara de Comercio (CCPR), Asociación de Centros Comerciales y MIDA, quienes solicitaron formalmente que las alternativas presentadas sean acogidas e incorporadas en esta sesión legislativa o en la extraordinaria que la Hon. Gobernadora convoque, incluyendo en la Reforma Contributiva el periodo de congelación de tres años, la eliminación en 2028 y las fuentes de sustitución identificadas.
“El país ha estado más cerca que nunca de resolver este asunto estructural. No podemos dejar que este avance quede en pausa. Es momento de actuar con urgencia, visión de país y responsabilidad compartida”, concluyó González.
