Por Litzy Alvarado Antonetty, Candidata Alcaldía Salinas, PIP
Cada cierto tiempo, publican serios señalamientos que son comentados en los medios de comunicación (y ahora en las redes sociales) que rara vez tienen consecuencias y finalmente desaparecen del recuerdo con el tiempo.
Recientemente la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico emitió el Informe de Auditoría M-20-22 sobre las operaciones del Municipio de Salinas, el cual auditó el período entre el 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2018, bajo la administración de la actual alcaldesa Karilyn Bonilla Colón.
El Informe reseña el aumento de $1,695,941.00 a $4,275,387.00 o un 152%, en el déficit acumulado en el Fondo General, correspondiente a los años fiscales del 2014-15 al 2016-2017.
Además, contrario al intento de la alcaldesa por minimizar el asunto, se encontraron “deficiencias de controles internas significativas”, remisión tardía de los informes mensuales de nóminas y de puestos a la Oficina del Contralor (las tardanzas fluctuaron entre 10 y 1,006 días), concesión de tiempo libre a empleados sin cargo a licencias y sin la aprobación de la Legislatura Municipal, y puestos ocupados por funcionarios que no cumplían con los requisitos mínimos de ley.
Estas y muchas otras violaciones, sí ocurrieron, fueron documentadas en el Informe, y en ningún lugar dice que fueron “señalamientos menores” como argumenta Bonilla Colón.
Discrimen por ideología política
Hay un asunto en el informe que debe llamarnos la atención: el costo que tiene para el pueblo la discriminación por ideología política.
El Informe de Auditoría señala que 31 empleados municipales, despedidos injustificadamente por razones políticas por el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo, llevaron sus casos a los tribunales, y finalmente llegaron a un acuerdo con la actual administración en el cual el Municipio desembolsó $169,000.00.
Es una triste realidad, la práctica de las administraciones municipales en Salinas de despedir o remover de sus puestos a empleados para colocarlos en posiciones con menos responsabilidades, simplemente, porque no pertenecen al partido de la administración entrante.
Por ejemplo, tiempo después de las elecciones del 2000, el alcalde Abraham López Martínez fue acusado de persecución política en una demanda que sometieron 34 ex empleados del Municipio, según reseñara el periódico El Regional.
El 10 de septiembre de 2010, El Nuevo Día publicó la noticia de que un juez determinó que hubo discrimen político contra tres ex empleados populares, los cuales fueron dejados sin trabajo, tan pronto llegó a la administración municipal de Salinas el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo.
En el 2013, se presentó en el Tribunal Federal una demanda contra la alcaldesa popular, Karilyn Bonilla Colón, por alegado discrimen político, donde empleados aseguraban que fueron removidos de sus puestos o despedidos por pertenecer al Partido Nuevo Progresista (PNP).
Efecto económico y social
Aunque el desenlace de cada demanda pudo ser distinta (adjudicada, transada o desestimada), existe una realidad irrefutable: el discrimen hacia hermanos y hermanas por sus ideales políticos sigue latente. Esto ha tenido un costo económico para el pueblo, porque en realidad la persona que cometió el acto ilegal discriminatorio, no paga la decisión judicial o los acuerdos a los que se llegan. El dinero sale de los fondos públicos.
Además, el efecto familiar, el resentimiento y la división que causa el discrimen político, en este caso en el área laboral, permanece por mucho tiempo en el corazón de las personas, y afecta el buen funcionamiento de cualquier administración.
Cualquier propuesta de las personas que aspiramos a dirigir las riendas municipales, debe partir de un compromiso serio de eliminar el discrimen por ideología política, tratar a los trabajadores municipales de forma equitativa, cumplir con las leyes que les protegen, mejorar su ambiente de trabajo para que tengan una compensación justa por la labor que realizan.
