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Por: Gadriel López Ortiz / Estudiante del RUM
Con una crisis económica rampante y la inflación alcanzando un 4 por ciento, es evidente que el costo de vida en Puerto Rico (P.R.) supera con creces el salario mínimo de $10.50 la hora que muchos reciben. Aunque la isla es parte de los Estados Unidos (EE.UU.), su realidad económica dista mucho la de otros estados. Las restrictivas leyes de cabotaje, defendidas con fervor por quienes insisten en debatir sobre el «estatus, estatus, estatus», junto con un elenco de funcionarios ineficaces, han plagado el sistema económico de la isla, contribuyendo al establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Como resultado, la clase trabajadora enfrenta una constante lucha por la estabilidad financiera, y cada vez más puertorriqueños se ven obligados a buscar un segundo empleo para mantenerse a flote.
El plan de acción de quienes aseguran tener el mejor interés del pueblo es, como siempre, incompetente. La estrategia de acudir a Washington a implorar por fondos federales en los pasillos del Congreso estadounidense demuestra una alarmante falta de efectividad y compromiso con el bienestar de la población. Aproximadamente el 49 por ciento de los puertorriqueños vive bajo la línea de pobreza, según el Censo y la American Community Survey. Es irónico que muchas de estas estadísticas provengan de las mismas agencias federales que algunos consideran símbolo de progreso. Como bien dicen nuestros ancianos: «Si no te cogen de una, te cogen de otra». Esta sátira cobra aún más sentido cuando se observa que, a pesar de pagar una de las tasas contributivas más altas de EE.UU., el manejo de los fondos públicos sigue siendo deficiente.
El impacto de esta crisis es tangible, ya que tenemos ancianos que no pueden costear lo básico para su alimentación y niños cuyos padres apenas pueden darles un dólar para la merienda escolar. A simple vista, programas gubernamentales como la Tarjeta de la Familia y los reintegros parecen ofrecer alivio, pero la realidad es que los precios inaccesibles en supermercados y mercados familiares hacen que ese apoyo sea insuficiente. Incluso producir alimentos en el hogar resulta costoso. Comprar víveres se ha convertido en un reto económico: no es raro ver a una persona sorprendida al salir del supermercado con apenas tres bolsas de compras por un total de $64.85. Todo está subiendo de precio: los alimentos, la renta, los carros, las utilidades, la educación y hasta los servicios de telefonía móvil. Cada mes, muchas familias puertorriqueñas deben decidir entre pagar una cuenta y atrasar otra.
Entonces, ¿cómo se cambia este paradigma, que parece afectar a gran parte del mundo? Señalar estas problemáticas es un primer paso, ya que se trata de un asunto colectivo. Los puertorriqueños han demostrado ser un pueblo resiliente, pero la situación actual preocupa. Si no se toman medidas urgentes, miles de personas no podrán satisfacer sus necesidades básicas, lo que afectará su calidad de vida. La urgencia de este problema es innegable; debemos buscar soluciones antes de que la crisis se vuelva aún más insostenible.