El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT SEIU) expresó su firme rechazo a las disposiciones contenidas en la Carta Circular Núm. 021-2025-2026 del Departamento de Educación, que asigna al personal no docente, como los psicólogos en el ámbito escolar y los enfermeros escolares , entre otros, a tareas de manejo de grupos en ausencia de docentes.
Aunque la carta circular presenta esta práctica como un mecanismo para “garantizar el tiempo lectivo”, en la práctica representa una desviación inaceptable de las funciones especializadas de estos profesionales y una sobrecarga adicional que impacta directamente los servicios esenciales que ofrecen al estudiantado.
“Lo que el Departamento de Educación está haciendo es trasladar la responsabilidad de la falta de personal docente a profesionales cuyo rol no es pedagógico. Estamos hablando de personal clínico, de apoyo socioemocional y de servicios especializados. Esto no es una solución; es una improvisación que pone en riesgo la calidad de los servicios en nuestras escuelas”, expresó Israel Marrero, presidente del SPT.
Diversas organizaciones profesionales han levantado serias preocupaciones sobre esta medida.
“El país no puede darse el lujo de debilitar los servicios de apoyo en las escuelas. Cada vez que se saca a un psicólogo, enfermera o trabajador de apoyo de su función principal para cubrir una clase, se está dejando desatendida una necesidad real del estudiantado. Eso tiene consecuencias”, añadió Marrero.
El líder sindical sostuvo que esta política pública debilita el modelo interdisciplinario en las escuelas, reduce el acceso a servicios especializados y expone al personal a conflictos éticos y profesionales, al obligarlos a asumir funciones para las cuales no fueron contratados ni preparados.
Además, recordó que ninguna disposición administrativa puede contradecir lo establecido en el Convenio Colectivo vigente. En ese sentido, advirtió que evaluarán todas las acciones correspondientes si se determina que esta medida constituye una violación a las condiciones de trabajo o a las funciones del personal.
“El respeto a las funciones profesionales no es negociable. Defender ese principio es defender tanto al personal como al estudiantado. Nuestro sistema educativo necesita soluciones estructurales, no parchos administrativos que agravan los problemas existentes”, puntualizó Marrero.
Finalmente, la organización reiteró su compromiso con la defensa del personal no docente y con la construcción de un sistema educativo que responda verdaderamente al bienestar integral de nuestras comunidades escolares.
