Un portavoz de la comunidad Ranchos Guayama en Salinas denunció las contradicciones existentes en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre el polémico campo de tiro en Salinas, propuesto por la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA).
Dos informes realizados por técnicos y expertos del DRNA establecieron en el 2021 que hubo violaciones a varias leyes, reglamentos y permisos por parte del presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, en la remoción de terrenos para construir un polígono de tiro. Actualmente, se está llevando a cabo un proceso administrativo contra Torres Meléndez en el DRNA.
“Sin embargo, la Secretaria Auxiliar Interina del área de Permisos, Endosos y Servicios Especializados de la agencia, Ivelisse Espinosa Lugo, aprobó la “Certificación para Categorización de Hábitats Naturales para la Vida Silvestre” para el mismo campo de tiro de Ariel Torres. ¿Cómo es que por un lado el DRNA lleva un proceso contra el dueño del campo de tiro por el desastre ambiental que causó y las violaciones incurridas, y por el otro, una directiva de la agencia le otorga una certificación a la misma persona?, cuestionó José Cora Collazo, presidente de la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).
En una carta dirigida a la Secretaria del DRNA, Anais Rodríguez Vega, el líder comunitario señaló que la certificación otorgada tiene información tergiversada e incorrecta.
“En la Certificación otorgada por la señora Espinosa Lugo dice que en el lugar se removió la capa vegetal y se niveló topográficamente el terreno. Eso no es cierto. El presidente de CODEPOLA removió corteza terrestre, arrasó con árboles y hábitats de especies, y excavó trincheras de varios pies de profundidad en más de catorce cuerdas. Eso fue una tragedia. Todo esto en violación a un Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre que sólo le permitía remover 4 pulgadas de tierra.”, explicó José Cora.
Esta violación está recogida en la Querella 22-195-B que sometió la propia agencia ambiental contra Ariel Torres Meléndez y Roberto Ramos Colón, dueño del terreno.
“El 24 de agosto de 2021 y el 30 de noviembre de 2021, personal adscrito al Cuerpo de Vigilantes de la Región Guayama intervinieron con los querellados Ariel Torres Meléndez y Roberto Ramos Colon, respectivamente, ya que realizaron trabajos de extracción, excavación, remoción, relleno y depósito de material de corteza terrestre en cercanía de la Sub-Cuenca Hidrográfica del Río Nigua, en el Acuífero del Sur; corte y tala de árboles, hábitat de especies de fauna y vida acuática, hincado de pozo y aprovechamiento de agua, esto sin contar con permiso del Departamento de Recursos Naturales y otros organismos públicos competentes”, expresa el documento firmado por la Lcda. Mildred Sotomayor Bourbon de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA.
Finalmente, el presidente de ASPA solicitó a la Secretaria del DRNA que revoque la certificación otorgada equivocadamente al campo de tiro.
“Le rogamos que utilice sus facultades y revoque esa certificación pues va dirigida a obtener un permiso mediante información falsa… Sobre esa finca se han ejecutado actos contrarios a la ley, los reglamentos y el orden público. Es deber del DRNA revocar dicha certificación y obligar a estos destructores ambientales a pagar las multas que procedan, así como restaurar la ecología devastada ilegalmente”, expresó José Cora Collazo.
