“Coincido con la decisión de la gobernadora de no firmar el Proyecto de la Cámara 420 y devolver un proyecto sustitutivo con la intención original de congelar el impuesto por 5 años mientras el comité que se va a formar somete las distintas alternativas que sustituyan los 341 millones que genera. Con este periodo se provee el espacio necesario para el diálogo con la empresa privada y lograr un acuerdo favorable para el País.
Hoy la gobernadora junto a los 78 alcaldes, dimos cátedra de unión de propósitos y de madurez política al poner al País primero. Desde que comencé mi mandato en la alcaldía de Ponce, me he concentrado en tender puentes de diálogo, unir a los alcaldes del Sur y el País en causas que beneficien a nuestra gente y trabajar por encima de colores. Nosotros fuimos electos por un universo de electores que luego de pasadas las elecciones no les interesa que continúe la división partidista. Más bien aspiran a contar con funcionarios electos que demuestren desprendimiento y exhiban sensibilidad y compromiso con el pueblo.
Nuestra meta con este veto es clara, que se apruebe una medida que identifique los fondos recurrentes mientras se congela el impuesto para que no continúe en aumento año tras año. Así podremos garantizar los servicios esenciales, promover la inversión y fortalecer la confianza de la banca y nuestra gente en las gestiones fiscales del gobierno.
Reconozco que, aunque el propósito de atender este asunto por parte de la Asamblea Legislativa es válido, la medida tal como estaba redactada tenía varios asuntos técnicos y prácticos que habría puesto en aprietos a los municipios y la banca local. Ahora la bola está nuevamente en su cancha con un proyecto que tiene la fuerza no solo del poder ejecutivo sino de los 78 alcaldes. Es por eso que exhorto a los representantes y senadores por Ponce a colocarse del lado correcto de la historia aprobando el proyecto que estará sometiendo la gobernadora.
Desde Ponce estaremos participando activamente de ese diálogo, aportando desde la experiencia municipal para lograr una definición final a este asunto dentro del marco de los cinco años que sea justa, viable y beneficiosa para todo Puerto Rico.”
