Portavoces de las personas con impedimentos abogaron por la aprobación de un proyecto de ley que establezca un proceso para facilitar las solicitudes de órdenes de protección a esta población, ante la falta de mecanismos accesibles para resguardarse del maltrato.
Así lo señaló el Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) durante una vista pública de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Ricardo Ocasio Ramos, para atender el Proyecto del Senado 521.
“Esta medida no solo atiende las realidades de una población históricamente marginada, sino que ofrece herramientas concretas para prevenir y atender situaciones de violencia, abuso o discriminación”, afirmó Zollianne Jusino González, coordinadora de servicios en la Red de Intercesores por la Inclusión de MAVI.
Para la organización sin fines de lucro, la propuesta legislativa llenaría un vacío legal que permanece en la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos (Ley 238-2004) y crearía un marco jurídico especializado para la expedición de órdenes de protección.
Aseguraron que la enmienda propuesta a la Ley 238 permitirían que las personas con impedimentos accedan directamente al tribunal, mientras elogiaron que la medida integra nuevas definiciones que posibilitarían una mejor identificación de las situaciones de violencia y abuso.
Sin embargo, la Defensoría de Personas alertó-como hizo ante el Senado- que el proyecto pretende insertar un remedio de naturaleza penal dentro de una ley que implementa política pública y que solo provee remedios administrativos de derechos civiles en un foro cuasi judicial.
El licenciado José Montalvo, abogado principal de la Defensoría, advirtió que esta enmienda podría causar confusión a las personas con impedimentos de que la agencia proveerá el remedio de protección o que los va a representar en el tribunal para obtener la orden de protección.
También reiteró que la medida presentaría un impacto económico considerable en la División Legal de la agencia y necesitarían fondos recurrentes para contratar abogados adicionales. “Anticipamos que seremos notificados en miles de procesos de órdenes de protección, y solo contamos con dos abogados para atender todos esos nuevos casos”, indicó Montalvo.
La preocupación del abogado fue compartida por varios legisladores que coincidieron en que el proyecto senatorial no es el vehículo correcto para salvaguardar los derechos de las personas con impedimentos frente a situaciones de maltrato.
El representante Ángel Fourquet Cordero opinó en su turno que debería considerarse la creación de una ley especial que atienda el asunto en discusión o enmendar los remedios que ya están disponibles, como la Ley Contra el Acecho (Ley 284-1999) y la Ley 54 de Violencia Doméstica.
“Enmendar la Carta de Derechos no es la acción jurídica más adecuada para poder cumplir con lo que aquí se dispone… Podemos estar complicando el panorama jurídico de una manera innecesaria cuando tenemos otros recursos a nuestra disposición para lograr el fin”, dijo Fourquet Cordero.
En respuesta, MAVI enfatizó en la necesidad de que las enmiendas a leyes que otorgan remedios civiles incorporen un lenguaje uniforme para cobijar a las personas con impedimentos.
“Lo que queremos garantizar es el acceso igual para toda persona con impedimentos. Actualmente, no está sucediendo así. Tenemos que pensar que hay algo que tiene que cambiar, ya sea a través de las enmiendas, que no sabemos si es la solución, o a través del proyecto”, pronunció Ángel Ortiz, director ejecutivo de MAVI.
El Departamento de Justicia recomendó enmendar el Código Penal de Puerto Rico para incluir disposiciones que protejan a las personas con impedimentos, particularmente en los artículos que amparan a las personas de edad avanzada e incapacitadas.
“Se podría trabajar en el Código Penal esta preocupación, pero habría que añadir el concepto de personas con impedimentos. No es lo mismo que una persona incapacitada”, explicó la licenciada Perla Rivera, abogada de Justicia.
Por su parte, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) se abstuvo de emitir juicio sobre la propuesta legislativa, pero ofreció algunas recomendaciones para contribuir al trámite legislativo de la medida.
Tanto Justicia como la OAT recomendaron que integre a la legislación un mecanismo interagencial que garantice atención continua de las personas con impedimentos en los casos en que su cuidador principal sea separado de su entorno por motivo de una orden de protección.
De esta vista pública también participaron los y las representantes Elinette González Aguayo, Roberto López Román, José Hernández Concepción y Nelie Lebrón Robles.
