El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) anunció un conjunto de medidas recientes que ha implementado a través de su Oficina de Incentivos para Negocios (OIN) dirigidas a reforzar los procesos de fiscalización y cumplimiento de los decretos de exención contributiva bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley Núm. 60-2019, y Leyes de Incentivos Anteriores. Asimismo, el secretario de la agencia, Sebastián Negrón Reichard, compartió los resultados de las distintas iniciativas.
Durante el año 2025, la OIN auditó 1,798 decretos, que incluían de individuos residentes inversionistas y negocios de exportación de servicios. Como resultado, se emitieron 305 notificaciones de deficiencia, se ejecutaron 19 anulaciones y 4 revocaciones, estas últimas debido a incumplimiento con los términos del decreto. Además, han procesado sobre 887 entregas voluntarias Estos esfuerzos forman parte de una política pública más rigurosa y transparente para asegurar que los incentivos se utilicen conforme a su propósito de promover el desarrollo económico.
“Los incentivos son una herramienta poderosa para atraer inversión, pero conllevan la responsabilidad de cumplir con las condiciones establecidas por ley”, expresó el secretario del DDEC. “Así como queremos ser ágiles y eficientes en los procesos de otorgación de decretos, es una prioridad garantizar que cada decreto otorgado cumpla con los principios de legalidad, equidad y propósito económico. Esta fiscalización no es un ejercicio punitivo, sino una medida de integridad institucional cónsona con el compromiso de la gobernadora de exigir rendición de cuentas a la vez que nos aseguramos de que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente aportan al desarrollo de Puerto Rico”.
Como parte de las nuevas medidas implementadas en 2025, Negrón Reichard destacó que “toda solicitud de decreto a individuos residentes inversionistas está sujeta a la presentación de certificaciones de antecedentes penales del país de residencia anterior, las revisiones de récord criminal deben ser del mismo año que se tramita y se obtiene el decreto y se hace una búsqueda final de historial público antes de la firma del acuerdo”. Aquellas personas con convicciones por fraude o delitos graves no son elegibles para recibir incentivos.
Entre las medidas que se han sumado a la estructura de fiscalización también se encuentra la imposición del requisito de rendición de informes anuales para todos los programas de incentivos. Hasta este año, esto le era requerido solo a los decretotenientes de cinco programas. Ahora se recibirán informes anuales para quince programas.
Por su parte, el director de la Oficina de Incentivos, Ernesto J. Zayas García, explicó que además se estableció un Comité de Auditoría de Cumplimiento, que estará compuesto por el subsecretario, el director legal y miembros del componente de la oficina del secretario. Este comité estará encargado de evaluar referidos, imponer multas de hasta $10,000 y recomendar revocaciones cuando proceda.
Asimismo, Zayas García indicó que el equipo de su oficina ha afinado y reforzado el uso de las notificaciones por deficiencias, documento que puede incluir detalles de incumplimiento, la imposición de multas de hasta $10,000, instrucciones para subsanar o enmendar decreto cuando sea subsanable y el debido apercibimiento de reconsideración en 20 días calendario.
Se indicó que OIN también mantiene colaboración activa con el Departamento de Hacienda y el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) en el intercambio de información y procesamiento de casos. El director enfatizó a su vez que su división recibe y acepta confidencias y referidos mediante el correo electrónico compliance@ddec.pr.gov.
Zayas García destacó que este esfuerzo marca una nueva etapa en la política de cumplimiento del DDEC. “Hemos modernizado los procesos de auditoría, ampliado los Informes Anuales de Negocios Exentos a más sectores y creando mecanismos ágiles para detectar incumplimientos de forma temprana. Esto permite actuar con mayor eficiencia y justicia, lo que a su vez fortalecerá la confianza en el sistema de incentivos de Puerto Rico”.
Entre las iniciativas próximas para el año 2026, la OIN trabajará en campañas de auditorías por muestreo para todas las industrias cobijadas bajo la Ley 60. Además, se emitirán de manera automática notificaciones de deficiencia, así como la imposición automática de multas por falta de radicación del Informe Anual de Negocio Exento (IANE) después del 15 de enero de 2026, comenzando con una penalidad inicial de $1,000 por incumplimiento hasta una potencial revocación.
