Hoy se llevó a cabo la primera vista de Resolución de la Cámara 219, de la autoría de la representante Estrella Martínez Soto, para investigar el aumento en el precio del gas licuado. En la vista, que se llevó a cabo de manera cibernética, depuso el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por medio de la subsectetaria, licenciada María Fernanda Vélez, quien señaló que la agencia no tiene garras suficientes para fiscalizar la industria de gas licuado, sobre todo a los mayoristas.
La vista se genera porque los consumidores han hecho múltiples reclamos por lo que consideran un alza desmedida en los precios del gas licuado. “Varios comerciantes de nuestro distrito nos han llamado para reclamar que desde diciembre le aumentan el costo. En el caso doméstico, el aumento ha sido de $80 a $90, en la versión de 100 libras entregado en los hogares”, explicó la representante Martínez Soto.
En Puerto Rico, solo dos empresas acaparan el mercado, Empire Gas, con el 80 por ciento del mismo y Tropigas, con 20 por ciento. “En la vista, la subsecretaria del DACO nos admitió que el uso y costumbre estas empresas atrasan en los informes trimestrales que deben someter sobre los inventarios y costos de adquisición. Solicitan prórroga y DACO se las concede, lo que a mi entender afecta la fiscalización. Se le pasa un aumento al consumidor, y el informe se atrasa para el proceso de la agencia”, señaló Martínez Soto.
Por parte del importador Empire Gas, el licenciado Ramón González Simounet, participó de la vista de manera cibernética, donde argumentó el aumento en precio tiene factores múltiples, como el cierre del puerto de Tallaboa en Peñuelas. Luego de los terremotos registrados en la zona sur, la empresa tuvo que trasladar la operación de recibo de buques cisterna en el Puerto de San Juan, que tiene menor capacidad de recepción y con costos mayores que Tallaboa. Además, González Simounet argumenta que la crisis causada por el Covid-19 ha resultado en un aumento en los gastos de operación y baja en ventas por el cierre de kioskos y restaurantes.
Con dichas apreciaciones coincidió Tropicas, quien por medio de su oficial Luis Humberto Berríos, añadió que al igual que los combustibles diesel y gasolina, el gas licuado es un derivado del petróleo. “Todos hemos visto como el precio del barril de petróleo ha aumentado, como resultado de la disminución de producción en los países exportadores del petróleo, quienes son los que imponen límites de producción que impactan los precios finales de adquisición en el mercado internacional”, argumentó el empresario.
Al finalizar la vista cibernética, la legisladora Martínez Soto informó a la prensa que “la investigación continúa abierta para citar a otros deponentes. Vamos a ampliar el marco de acción. Particularmente, vamos a escuchar a consumidores, comerciantes y otras agencias del gobierno. Queremos asegurarnos que DACO tenga las herramientas necesarias para fiscalizar esta industria. Quienes usan gas en sus hogares con unas 600,000 familias, particularmente de bajos recursos”.
