La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Puerto Rico Innovation and Technology Service. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el entonces principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno, y la abogada principal del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), no se aseguraron de que la persona contratada para realizar tareas cónsonas con la profesión de relacionista público tuviera la licencia requerida. La contratista, que facturó $63,697 en el 2021, rindió sus servicios como una compañía de responsabilidad limitada que requiere que sus oficiales cuenten con las licencias profesionales correspondientes.
Esta situación se notificó al Presidente de la Junta Reglamentadora de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico el 1 de octubre de 2024 para que tome las medidas correspondientes.
A su vez, esta compañía, obtuvo 101 contratos con 19 entidades desde el 2015 al 2023 con facturación de $4.5 millones, todos relacionados con la prestación de servicios de relaciones públicas. Al respecto, los directores y funcionarios de la compañía están obligados a cumplir con la Ley General de Corporaciones y tener las licencias requeridas.
Por otro lado, la auditoría de dos hallazgos señala que el PRITS no validó los servicios prestados por un contratista en cuya factura incluyó reuniones de trabajo con empleados en fines de semana que no se llevaron a cabo. Esto ocasionó pagos indebidos por $1,000.
Además, a seis contratistas no se le requirió, con su última factura, la Certificación de Deuda y la Certificación de Deuda de IVU, según requerido por el contrato. El PRITS pagó $271,665 sin asegurarse que estos contratistas no tenían deudas pendientes con el Departamento de Hacienda.
El Informe comenta que el PRITS contrató los servicios de asesoramiento legal, laboral gubernamental y administrativa, a una corporación de responsabilidad limitada cuyo contratista a su vez tenía contratos con otras siete entidades; entre las que se encuentran la Junta de Planificación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Educación y el Municipio de Utuado.
La evaluación de los servicios facturados a las siete entidades entre mayo y junio de 2022, reveló que el contratista facturó un total de 21 a 30 horas diarias en 17 ocasiones. La evidencia testifical valida que, para esa fecha, la corporación no contaba con empleados o profesionales que le asistieran
Esta situación de posible violación al Código Penal y al Código de Ética de la Profesión Legal se refirió al Departamento de Justicia el 24 de junio de 2024 y al Tribunal Supremo de Puerto Rico el 10 de septiembre de 2024.
La auditoría comenta que el 10 de mayo de 2024, se refirió un asunto que pudiese constituir posibles violaciones a la Oficina de Ética Gubernamental. Además, los auditores identificaron cláusulas contractuales que, según redactadas, pueden invalidar los contratos examinados en los hallazgos de la auditoría.
El Informe halló que, al 26 de mayo de 2023, unas 32 entidades no utilizaban el dominio pr.gov. Todo portal de gobierno debe residir en el dominio oficial designado, pr.gov, según instruye la Carta Circular Num. 2021-004.
El presupuesto del PRITS del 2020 al 2024 fue de $249.8 millones y realizó desembolsos por $180.8 millones.
Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
