 |
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Centro de Servicios al Conductor Metropolitano (CESCO) de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la corrección y el cambio de estatus de las multas administrativas gravadas en el Drivers and Vehicles Information Database Plus – Sistema DAVID, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que no se habían cobrado $47.9 millones de multas de tránsito de 543,711 multas sin corregir para el 2019. La oficinista encargada de verificar el proceso de digitalización de los boletos por la compañía contratada y trabajar los boletos con errores, se acogió a una licencia en septiembre de 2017, y al reintegrarse fue asignada a otras funciones.
Al respecto, el DTOP tuvo que formalizar en el 2019, un contrato por $350,000 para trabajar estas multas sin corregir. Del trabajo realizado mediante programación automatizada, no se pudieron corregir el 90% de los boletos con errores porque, en la mayoría, la escritura era ilegible.
De hecho, la propuesta del contratista era que el 95% del proceso de trabajar las multas con incidencias, se llevaría a cabo con tecnología de captación de datos en imagen. Sin embargo, al no poder cumplir, la compañía le indicó al DTOP que asignara personal para analizar las imágenes de los datos capturados y registrados en el sistema DAVID.
La compañía encargada de la digitalización enviaba las facturas para pago con la Hoja de Control de Boletos Digitalizados y Gravados en el Sistema DAVID Plus. Los auditores detectaron en una muestra de 42 facturas por $6 millones, que el 69% fueron certificadas correctas por personal que no estuvo en el proceso de digitalización, y el 31% fueron pagadas sin que las hojas de control estuvieran firmadas por personal del CESCO Metropolitano.
La auditoría, de cuatro hallazgos, señala múltiples deficiencias con el proceso de cambio de estatus de las multas gravadas en el Sistema DAVID. Del examen de una muestra de las multas cambiadas a estatus de expiradas, se detectó que el 63% habían vencido por la tardanza de hasta 10 meses en registrar el gravamen. Además, se hallaron multas con cambio de estatus a pagadas sin evidencia de pago, multas cambiadas a expiradas de forma incorrecta, y multas invalidadas sin explicar la razón. Estas situaciones causaron la pérdida de $48,837 en ingresos, de la muestra de 455 multas examinadas del 2016 al 2018.
En este proceso de cambio de estatus de las multas, los auditores identificaron 19 operadores que realizaron 129 cambios de estatus a las multas contrario a la ley. Por ejemplo, el Operador 1 del CESCO Metropolitano, invalidó una multa suya de las 15 que invalidó y cambió el estatus de otras nueve multas a pagadas, fuera de horas laborables. El Operador 2 del CESCO Bayamón, cambió a estatus de pagadas, cinco multas fuera de horas laborables de las cuales dos no tenían pagos registrados. El Operador 3 del CESCO Bayamón, también realizó cambios de estatus fuera de horas laborables e invalidó multas. El Operador 4 consultor de DISCO, cambió a estatus de expiradas unas 10 multas sin evidencia de pagos de los peajes de auto expreso, ni renovación del marbete, y canceló una multa suya de $500 y la de una empleada de DISCO de $75. El Operador 5 y 6, el exdirector de Investigaciones e Inspección de DISCO canceló siete multas e invalidó otras dos multas. Estos operadores, también cambiaron el estatus de otras 2,290 multas por $83,100 fuera de la muestra examinada.
El Informe comenta que estas situaciones fueron referidas al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental el 23 de febrero de 2022. El 23 de diciembre de 2024, la entonces secretaria del DTOP, notificó que tras investigaciones internas se destituyó un empleado del CESCO Metropolitano y se le formularon cargos e intención de destitución a tres empleados del CESCO Bayamón, Caguas y Minillas.
La auditoría identificó que el Reglamento 8645 que regula la imposición y cancelación de gravámenes, no había sido revisado al 4 de febrero de 2020 para atemperar los costos por imposición y cancelación de los gravámenes de hipoteca y de mobiliario, según establece la Ley 21- 2012. Además, el DTOP no cuenta con normas de control para el proceso de cambio de estatus de las multas administrativas de tránsito que se registran en el sistema DAVID.
Por otro lado, el almacén de documentos del CESCO Metropolitano no mantiene un inventario actualizado de los documentos del almacén, no se controla el acceso, y se entregaban cajas sin hojas de trámite.
El informe también comenta que entre el 48% y el 68% de las 921,322 multas de AutoExpreso por $29.2 millones entre el 2016 al 2018, no se cobran ya que el DTOP no tiene los mecanismos para identificar los conductores de vehículos arrendados. Y
Este informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.