El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, junto a las entidades que agrupan los alcaldes en Puerto Rico y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), favorecieron el Proyecto del Senado 456, con el objetivo de reducir el inventario de propiedades abandonadas en los municipios y ofrecer la oportunidad a primeros compradores de adquirir una vivienda a un precio módico.
La medida establece una enmienda al “Código Municipal de Puerto Rico” para determinar el tiempo de abandono de una propiedad, tomando en cuenta la última factura de servicio eléctrico o de agua emitida para esa unidad, y así poder imponer, notificar y cobrar las contribuciones por tasación. En la actualidad se fija esta obligación a un periodo retroactivo de cinco años.
Es meritorio destacar que las propiedades adquiridas por el municipio solo estarán disponibles para la transferencia a terceros adquirientes, entiéndase personas naturales o que constituyan entre sí una sociedad legal de ganancias. Estas no podrán tener bienes registrados a su nombre y deben someter un proceso de rehabilitación del inmueble que debe completarse en un periodo de un año, la propiedad podrá ser vendida hasta que transcurran cinco años de la transferencia, entre otras condiciones.
García Padilla puntualizó en vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, que esta iniciativa “abre la puerta a que más puertorriqueños puedan adquirir propiedades en desuso bajo términos justos”.
El primer mandatario de Coamo explicó que, para poder ofrecer esta vivienda a un primer comprador, el municipio tendrá que llevar a cabo el procedimiento de declararla estorbo público y expropiarla, luego de lo cual, el municipio la compra por el valor de contribución adeudada por los años de abandono y la vende a descuento.
El funcionario electo, quien es propulsor de esta medida, señaló que mediante este mecanismo se intenta que las ciudades, en específico las zonas rurales, puedan ser repobladas, especialmente con personas cuyos ingresos son limitados que son una gran parte de los jóvenes que deciden emigrar a los Estados Unidos.
“Lo que se busca es incentivar que los jóvenes que están abandonando el país por mejores ofertas de empleo y la falta de vivienda accesible, puedan adquirir una propiedad ya que las ciudades se están despoblando y más los municipios rurales; si logro que se queden, es una población que está poniendo presión económica en un área en específico y no se me fueron, pueden vivir aquí”, dijo García Padilla.
El alcalde agregó que “cuando yo la voy a vender, le doy el beneficio del descuento al comprador; el nuevo dueño está exonerado de pagar las contribuciones que se acumularon durante los años que estuvo abandonada la propiedad, cuando la expropio queda la deuda en cero, es del municipio y yo la pongo a la disposición de un comprador cuyos ingresos son pocos, de modo que puedan adquirir una propiedad que sería para primeros compradores”.
A renglón seguido, precisó que en su municipio se han inventariado 300 propiedades en desuso, por lo que entiende que a nivel Isla, la cifra “posiblemente esté cerca de las 50 mil”.
El deponente fue enfático en que “el país necesita reconstruir sus comunidades a un costo módico por lo que creo que no hay porqué que construir una cuerda más de terreno cuando hay tenemos 50 mil espacios para reconstruir que poseen ya las facilidades de agua, luz y servicio sanitario”.
Esta pieza legislativa establece que el municipio podrá ceder propiedades o solares municipales a organizaciones sin fines de lucro que se dediquen a reconstrucción de hogares.
Asimismo, Ángel Vázquez, director ejecutivo de la Federación de Alcaldes, se manifestó a favor del proyecto, ya que es cónsono con la política pública establecida”, a la vez que presentó enmiendas para definir con claridad el concepto de “propiedad en abandono”.
También, expuso que una propiedad en abandono será cualquier estructura deshabitada, desocupada y en desuso, o que su condición manifiesta sea de ruina, falta de reparación, defectos de construcción o que es perjudicial a la salud o seguridad del público.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, al presentar la posición de los alcaldes asociados, respaldó la pieza la cual calificó de “un paso afirmativo hacia la rehabilitación de propiedades abandonadas y el fortalecimiento de la gestión contributiva municipal”.
“Al establecer un mecanismo claro, transparente y basado en evidencia objetiva para determinar la retroactividad de la tasación, la medida promueve la equidad fiscal, desalienta el abandono prolongado de inmuebles y estimula su reutilización productiva”, agregó Rodríguez Irizarry.
De igual modo ocurrió con el Lcdo. Pedro Quiñones, director de la oficina de asesoramiento legal en Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), quien dio su visto bueno a la pieza ya que “atiende los problemas de seguridad y salubridad que provocan estas propiedades abandonadas, que por lo general muchas están en declaración de estorbo público, a través de todos los municipios”.
Al finalizar la vista pública, el representante Pérez Ortiz fue enfático en que, con los trabajos del día, lo que “hemos hecho es ser una herramienta para escuchar a los señores y señoras alcaldes, que todos tiene este problema de propiedades abandonadas y para ello se citó desde un principio a la Federación y la Asociación de Alcaldes, así como el CRIM ya que queremos hacer las cosas de forma transparentes”.
Además, sostuvo, que el lenguaje para establecer claramente que estas viviendas serán para la adquisición de primeros compradores de hogares, será establecido en las enmiendas que se sometan.
Durante los trabajos legislativos participaron los representantes Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, Axel “Chino” Roque Gracia y Domingo Torres García.
