En la cuarta reunión del Comité para la Transformación Energética de Puerto Rico, el grupo le presentó a la gobernadora Jenniffer González Colón su primer informe preliminar donde hace recomendaciones para encaminar la transformación de energía en diferentes fases. Entre los convocados por la gobernadora a la reunión estuvieron los miembros del Comité: el señor Eric Santiago, ingeniero Josué Colón en calidad de Zar de Energía, Ingeniero José Ortiz, la ingeniera Maricarmen Zapata quien es la nueva directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, licenciado Luis Bernal, licenciado Eli Díaz Atienza, señor Juan Carlos Díaz Galarza, licenciado Ramón Luis Nieves, CPA Juan Zaragoza Gómez, señora Frances Berrios, señor Rafael Rojo, señor Federico Stubbe Jr. y el ingeniero Francisco E. López García. Además del señor Fausto Hernández gerente de infraestructura de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, el representante Víctor Parés, el senador Ángel Toledo, el licenciado Gerardo Flores por parte del presidente del Senado de Puerto Rico, el licenciado Víctor Calderón en representación del presidente de la Cámara de Representantes; además de la secretaria de Estado la licenciada Veronica Ferraiuoli y el secretario de la Gobernación licenciado Francisco Domenech. Entre las recomendaciones se encuentran:
- Activar las disposiciones de Ley 76-2000 y centralizar la revisión expedita de los documentos ambientales y cualquier otro permiso aplicable al desarrollo de proyectos de generación. Ello incluye la creación de un Subcomité Interagencial de Complimiento Ambiental por la Vía Acelerada.
- Extender Estado de Emergencia Energético por 10 años o que sea permanentemente.
- Tomar las medidas necesarias (administrativas primero si se pueden antes de legislar) de flexibilización de permisos o autorizaciones y de enmiendas a planes de acción de ser necesario para poder instalar capacidad confiable a corto y mediano plazo irrespectivo de la fuente energética.
- Acelerar en lo posible los proyectos ya encaminados de “peakers” y Battery Energy Storage System (BESS) para tratar de tener el máximo en funcionamiento lo antes posible.
- Cambio en la ley de transición a energía renovable para flexibilizar los cumplimientos intermedios.
- Fundamentalmente, el consenso es mantener la fecha para alcanzar el máximo de energía renovable en el futuro (actualmente 2050), pero eliminar las metas intermedias de porcentajes específicos para 2025, 2030 y 2040.
- Esto así porque ahora mismo temer en una ley los porcentajes aun cuando se sabe que no se van a alcanzar resta flexibilidad para aprobar desarrollos.
- Permitiría proceder con conversiones de plantas existentes o instalación de nuevas unidades a base de gas/H2/combustibles flexibles y baterías de almacenaje para estabilizar la carga base y expandir la reserva para tener el servicio en funcionamiento en períodos de alta demanda, en lo que las nuevas tecnologías renovables se expanden.
De la mano de esto van además las recomendaciones de:
- Enmendar el requisito del cierre de la generación con carbón en 2027 para que el mismo sea condicionado a que se esté en proceso de sustituir directamente con otra fuente ya sea por conversión o reemplazo de las unidades, de modo que según se instala esa nueva capacidad se va eliminando el uso del carbón.
- Que el objetivo no sea tanto “100% renovable” como el de lograr un sistema descarbonizado o “carbon-neutral” y las métricas sean basadas en progreso medible hacia la reducción en emisión de CO2 y no en que tenga que ser X% de solar o viento.
- Disponer como mandato de política pública hacia los operadores y usuarios crear un sistema integrado de “Virtual Power Plant” que permita movilizar remotamente la capacidad de fuentes solares distribuidas y almacenaje de baterías de residencias y negocios privados para dar respaldo a la red.
- Esto va unido con la red inteligente.
- Posiblemente tenga que ser voluntario para usuarios ya existentes dado que la instalación ya hecha pueda no ser apta, pero obligatorio para instalaciones prospectivas.
- Esto incide en la cuestión de la medición neta ya que si vamos a extraerle carga a las baterías que el propio ciudadano pagó de su bolsillo, merece ser bien compensado por ello.
- Que la figura del “zar” de energía o Chief Energy Policy Officer esté dotada no sólo con las facultades de fiscalización de contratos y de política pública energética sino dotarle también de la capacidad equivalente a su homólogo federal con un componente propio de investigación científica y estudios técnicos similar a los “National Laboratories”. Uno de los grandes retos que se han señalado es que siempre se hace necesario pedir que sea DOE o un investigador externo ya sea local o foráneo quien realice estudios (y cobre por ello).
