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La Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales que preside el senador Luis Daniel Colón La Santa, con el propósito de responder a los retos demográficos, educativos y laborales que enfrenta Puerto Rico, evaluó hoy en vista pública tres proyectos senatoriales orientados a la clase trabajadora y el desarrollo económico y profesional en la isla.
En primera instancia, el Proyecto del Senado 140, de la autoría de la portavoz alterna del Partido Popular Democrático, la senadora Marially González Huertas, propone la creación de la “Ley para Fomentar el Regreso a Puerto Rico con Empleo Seguro”, para facilitar el retorno de puertorriqueños que residen en el exterior, ofreciéndoles la posibilidad de obtener empleo desde fuera de la isla a través de un sistema digital de entrevistas virtuales. La medida propone la creación del Sistema Uniforme de Solicitudes y Entrevistas de Empleo (SUSEE), integrado a la plataforma oficial www.empleos.pr.gov, que permitiría a los solicitantes enviar documentos, completar formularios, y realizar entrevistas por videoconferencia. La empresa privada podría integrarse voluntariamente al sistema, para ampliar las oportunidades.
Sin embargo, el licenciado Marcos J. Andrade Ravelo en representación de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), sentenció que no favorece la aprobación de la medida pues entiende que la finalidad del proyecto está contemplado actualmente. “En cuanto al sector gubernamental, debido que el fin que la medida persigue ya está siendo debidamente atendido”, comentó.
De igual forma, explicó que actualmente existe un plan piloto, en fase de desarrollo para la implementación de un sistema a nivel gubernamental y este proyecto podría confligir con lo ya establecido. “La preocupación que trae la OATRH es entonces un asunto de que haya algún requisito adicional que nos haga reevaluar el proyecto y que pueda traer alguna dilación en su lanzamiento”, añadió.
Por otro lado, se evaluó el Proyecto del Senado 287, presentado por el senador José Luis Dalmau Santiago, establecería una licencia de estudios profesionales tanto para empleados públicos como del sector privado que estén cursando grados universitarios o preparándose para exámenes de licencias profesionales en instituciones educativas de Puerto Rico. Los empleados públicos tendría derecho de hasta 10 días laborables anuales con paga, y 5 días adicionales sin paga, para actividades directamente relacionadas con sus estudios. En el caso de los empleados del sector privado, la medida otorga hasta 10 días laborables sin paga, sujetos a la aprobación del patrono.
En cuanto a este proyecto senatorial, el licenciado Andrade expresó que “podría tener impacto económico directo al continuar pagándole su sueldo, mientras realiza sus estudios por el tiempo que dispone en la medida, a un empleado sin contar con sus servicios, más allá del disfrute de beneficios como la licencia de vacaciones, enfermedad y demás”. Asimismo, mostró preocupación en si impacto fiscal, ya que “ no ofrece datos sobre el posible impacto económico, directo o indirecto, que pueda tener la concesión de la licencia con paga por estudios en las proyecciones del Gobierno de Puerto Rico y el cumplimiento del Plan Fiscal”. Adelantó que, actualmente la OATRH se encuentra trabajando en la elaboración de un reglamento que podría contemplar estos parámetros.
Asimismo, la comisión valoró la viabilidad del Proyecto del Senado 308, presentado por la delgación del Partido Independentista Puertorriqueño, los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa que propone enmendar la “Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico” para implementar una jornada laboral de cuatro días en agencias públicas, sin reducción salarial. La medida establece un plan piloto de 12 meses a cargo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), con la meta de evaluar el impacto de una semana laboral de entre 32 y 40 horas distribuidas en cuatro días.
El licenciado Andrade Ravelo, reiteró la importancia de un análisis en cuanto a su impacto fiscal y explicó que esto le correspondería a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda. A su vez, recomendó auscultar la opinión del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos pues la “Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico” no aplica a los empleados de las agencias o entidades públicas y se deben implementar nuevos parametros en la jornada regular.
“Una jornada laboral de cuatro días, 32 horas, no es consona con el ordenamiento jurídico vigente, por afectar la uniformidad en la implementación del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme y los principios constitucionales de igual protección de las leyes y de igual para por igual trabajo”, sentenció el licenciado Andrade Ravelo.