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La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa que preside la senadora Migdalia Padilla Alvelo, continuó evaluando en vista pública el presupuesto consolidado del Gobierno para el año fiscal 2025-2026, que asciende a $32,591 millones. En esta oportunidad presentaron sus peticiones presupuestarias mayor al vigente la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Oficina del Procurador del Paciente, el Procurador del Veterano y la Defensoría de Personas con Impedimentos.
“Yo sé que en el caso de los procuradores ustedes atienden poblaciones muy especiales y ven en ustedes quizás un alivio, tener a alguien que junto a ellos de alguna manera llevarlos a solucionar sus problemas y mejorar la calidad de vida. Siéntase que no están solos. A esta servidora pueden presentarle cualquier legislación que sea necesaria y les exhorto a que participen mediante enmiendas a leyes o leyes nuevas porque saben que habemos 28 senadores y pueden acercarse al que ustedes deseen y que sientan que podemos ayudarles a que los planes se cumplan”, sostuvo la senadora Padilla.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), dirigida por la licenciada Astrid Piñeiro Vázquez, presentó su petición presupuestaria para el año fiscal 2025-2026, solicitando un total de $9,654,000 millones del Fondo General. Esta cantidad representa un incremento de $4,618,000 con respecto al presupuesto vigente y responde a la necesidad de fortalecer los servicios dirigidos a mujeres en situación de violencia de género en Puerto Rico. “Este año vamos por la sexta víctima y no queremos una víctima más de violencia de género por eso pedimos más ayuda en presupuesto”, afirmó la procuradora.
Además, Piñeiro explicó la petición de aumento en las necesidades a cubrir en diferentes renglones. Indicó a la comisión que el aumento de $1,171,000 millones en las partidas operacionales permitirá la contratación de personal especializado y mejoras sustanciales en los servicios de intervención, con el objetivo de brindar atención más efectiva y rápida a las víctimas. Añadió que se proyecta ampliar la plantilla a 60 empleados, lo que reforzará la capacidad operativa de la agencia. Actualmente, la OPM opera con 44 empleados y dos destacados con una inversión anual de $1.92 millones en funcionamiento.
De igual manera, Piñeiro explicó que se incluyen dos partidas adicionales de $520,000 mil para cubrir los costos del Consejo Consultivo y $3,000,000 millones para subvencionar organizaciones no gubernamentales, municipios y agencias. Estas nuevas asignaciones buscan garantizar una respuesta integral y multisectorial ante la violencia de género. La petición también contempla un aumento adicional de $3.25 millones para cubrir necesidades críticas de personal y ampliar los servicios ofrecidos. Destacó que la OPM ha recibido fondos a través del Comité PARE para apoyar organizaciones que atienden violencia doméstica, agresión sexual y acoso, pero también advirtió sobre la posible disminución de fondos federales para el próximo año fiscal.
Padilla preguntó a la deponente sobre el Comité PARE y cuántos fondos tienen actualmente. Piñeiro dijo que el Consejo Consultivo se está reuniendo pero no se han recibido más fondos. “Como servidora pública con la causa estoy comprometida para que se produzcan los documentos y la acción”, indicó la procuradora.
También asistió a la audiencia la licenciada Edna Díaz De Jesús, Procuradora del Paciente. Díaz indicó que a través de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) solicitó un aumento en su presupuesto al identificar limitaciones que afectan directamente su capacidad de atender a los pacientes en toda la Isla. La deponente detalló que el presupuesto certificado para el año fiscal vigente fue de $2,095,000 millones mientras que la solicitud para el año fiscal 2025-2026 ascendió a $4,361,000 millones. Sin embargo, mencionó que el presupuesto recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) fue de $2,089,000 millones similar al año anterior.
Díaz explicó que entre los renglones más afectados por esta reducción se encuentra la partida de nómina, para la cual se solicitaron $3,224,000 millones pero solo se aprobaron $1,516,000. “Estamos limitados a ampliar las actividades y tener un mayor alcance para poder identificar las situaciones que afectan los pacientes de toda la Isla, mayormente la de escasos recursos económicos y los adultos mayores por la falta de disponibilidad de fondos”, aseguró Díaz.
Asimismo, la procuradora señaló aunque se mantiene un remanente de $338,600 mil en la partida de mejoras para contratos del Año Fiscal 2023, estos fondos tienen vigencia solo hasta el 30 de junio de 2025 y están destinados al desarrollo del Sistema Integrado SEIPP, por lo que no pueden usarse para otras operaciones urgentes.
Padilla preguntó qué área se afecta con la reducción de presupuesto. Díaz respondió que “se afecta el personal ya que son especializados”. Dijo que necesitan médicos pediatras, psiquiatras, entre otros. Son necesarios para asesoría “porque son los que nos ayudan cuando llegan los casos y evaluarlos”, indicó. También, la senadora preguntó cuál es el número promedio de pacientes que reciben. Díaz mencionó que el año pasado las querellas ascendieron dos mil y se atendió el 82 por ciento. Se recibieron alrededor de 13 mil llamadas. “Todo depende de la situación que requiere la persona. Es una variedad de situaciones que presentan”, dijo Díaz.
De igual forma, presentó el presupuesto para el Año Fiscal 2025-2026, el Procurador del Veterano, licenciado Agustín Montañez Allman. El procurador indicó que solicitaron un aumento total de aproximadamente $324 mil en comparación con el año fiscal anterior, especialmente para fortalecer su partida de nómina. El presupuesto vigente asciende a $4,053,000 millones; el solicitado es de $4,377,000 millones y el recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son $4,106,000 millones. La JSF recomendó un presupuesto menor al solicitado, con una diferencia total de $53,000, mil principalmente atribuible a los gastos operacionales. El ente fiscal mantuvo igual la nómina y el PayGo y recomendó un poco más de lo que la agencia pidió para operaciones.
Montañez detalló que actualmente tienen 13 empleados y originalmente contaban con 42. “Así que estamos hablando que tengo son nada más un 30 por ciento de empleados. Muchos de nosotros, los jefes de la agencia, en estas agencias pequeñas tenemos que hacer otras funciones. Mucho del aspecto legal en mi oficina, no tengo división legal porque está congelada. Así que tengo dos contratistas, que son los que nos ayudan con la parte legal”, indicó el procurador. Igualmente, dijo que cuentan con tres oficinas regionales en Ponce, Guaynabo y Aguadilla.
La senadora de mayoría, Wandy Soto Tolentino, preguntó si les ha llegado algún caso de explotación financiera y si es así cómo lo atienden. “Llegan esos casos y son gente de la comunidad que nos llama. Lo primero que verificamos es si el perjudicado está registrado en el Hospital del Veterano porque ellos tienen programas para atenderlo. De no estar registrado, tenemos acuerdos con agencias de gobierno y procedemos hacer los referidos”, respondió Montañez. También, a preguntas de Soto Tolentino sobre veteranos registrados en Puerto Rico, el deponente indicó que son alrededor de 60 mil registrados, pero entiende deben ser más.
De otra parte, participó de la audiencia el licenciado Juan José Troche, a cargo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Troche indicó que el presupuesto vigente es de $3,936,000 millones; el solicitado para el AF 2025-26 asciende a $6,991,292 millones lo que representa un aumento de $3.2 en comparación con el vigente. Sin embargo, explicó que el presupuesto recomendado por la JSF es de $3,790,000 millones, lo que significa una variación total de menos de $3,201,292 millones.
“El aumento en el presupuesto solicitado es por los cambios estructurales. No es que tenemos más gastos o mala administración, hay unas nuevas necesidades para cumplir con la Ley Habilitadora y es importante aprobar este presupuesto para que el baseline cambie y asegurar una estabilidad económica y presupuestaria. Se trata de nuestra población más vulnerable que son las personas con impedimentos. Necesito 70 empleados más”, sostuvo Troche. A preguntas de Padilla, el deponente indicó que durante el pasado año se han atendido alrededor de 1,127 casos y resueltos cerca de 524.
También, Troche indicó que las mayores deficiencias se encuentran en la nómina y los servicios comprados. Destacó que necesita recursos adicionales para operar eficientemente y atender a la población que representa. “Dentro de nuestro plan de trabajo, a pesar de las limitaciones que tenemos, hemos logrado poder empezar a implantar y empezar a inspeccionar municipios. Llevamos como cinco o seis municipios en este año que hemos empezado a hacer algunas inspecciones físicas para garantizar la accesibilidad y eso obviamente es cuando requerimos personal”, dijo Troche como parte de las funciones que hace la Defensoría.