 |
La Comisión de Vivienda y Bienestar Social que preside la senadora, Jamie M. Barlucea Rodríguez, llevó a cabo una vista pública para atender la Resolución del Senado 24 que investiga las demoras en el proceso de contratación que ha conllevado la implementación de la Ley 300-1999, conocida como “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”.
“No nos oponemos a la esencia de la Ley. Su objetivo es bueno, que es prevenir el maltrato, tanto a los adultos mayores como a los menores, y en eso estamos todos de acuerdo. El problema ha sido que, a través de estos últimos años, nos han presentado la preocupación de ciertos problemas, que ustedes han esbozado en sus ponencias. Entre estos, está el impacto que tienen los servicios esenciales brindados a las poblaciones vulnerables, como mencionaron, las demoras significativas en la obtención de los certificados para los proveedores y el costo del proceso”, expresó Barlucea.
La Ley 300-1999, establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico el prohibir a personas convictas de delitos sexuales violentos, abuso contra menores y ciertos delitos graves y menos graves que impliquen violencia o depravación moral, desempeñarse como proveedores de servicios de cuidado a niños y envejecientes. Para lograr este fin, la Ley 300-1990 crea el Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al Departamento de Salud. Esta agencia es la llamada a emitir un certificado, el cual utiliza las huellas dactilares como parte de su proceso de verificación.
El designado secretario del Departamento de Salud, Victor Ramos Otero, participó de la audiencia explicando que “el Programa de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Puerto Rico (denominado PRBCP) se establece en cumplimiento de las exigencias del gobierno federal y todos los recursos financieros fueron empleados para su desarrollo. En la actualidad, el PRBCP está bajo la supervisión de la Secretaría de Regulación para la Salud Pública (SARSP) del Departamento de Salud”.
Ramos añadió a la Comisión que “la idea es agilizar el proceso y abrir más oficinas. No creemos que el proceso sea el adecuado para los empleados y los que solicitan el servicio. Para nosotros es inaceptable. Estamos buscando alternativas y en reuniones para enmendar la Ley”.
Barlucea preguntó si se han presentado alternativas para agilizar el tema de las citas porque las personas a ser contratadas tienen que llegar a San Juan para hacer los trámites. “En la actualidad se encuentra en proceso establecer dos oficinas satélites en Fajardo y Ponce. La apertura de estas oficinas satélites de SARSP facilitará la accesibilidad para las personas que residen en regiones distantes del área metropolitana. Eventualmente habrá más turnos disponibles”, dijo Ramos.
Igualmente, a preguntas de Barlucea sobre el costo, Ramos mencionó que “hasta la fecha, el costo del servicio se establece en $70.00, cifra que es fijada por el Departamento de Justicia. Este Certificado tiene una validez de un año. El precio del servicio se ha convertido en el principal motivo de insatisfacción entre los solicitantes, ya sean ciudadanos o empleadores”. El deponente indicó que la empresa Biometric4All es la encargada del proceso de huellas dactilares. El costo puede ser evaluado por Justicia.
El senador de mayoría, Ángel Toledo López, cuestionó hasta qué punto abrir más oficinas aumentarían los costos y agilizarán los procesos. Ramos señaló que las huellas se procesan en 24 horas. Señaló que el problema son las citas y más oficinas regionales acelerarían el proceso. Indicó que las primeras dos adicionales se espera estén en operaciones el próximo mes. “Me va a costar más, pero es factible”, añadió.
Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, cuestionó cuántas personas entran diariamente para sacar citas y cuál es el principal problema. Ramos mencionó que no tiene el dato, pero lo proveerá más adelante, aunque aseguró que “son muchos”. Dijo que el principal problema es conseguir la cita.
A preguntas del senador de mayoría, Luis Daniel Colón La Santa, el deponente de Salud dijo que va a firmar próximamente la Orden Administrativa para extender por tres años el requerimiento del “back ground check” en lo que se puede enmendar la Ley. Indicó que hay conversaciones adelantadas en esa dirección.
De otra parte, presentó su posición ante la medida, Rosa Figueroa Morales, en representación de Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción (ASSMCA). “Se han recibido constantes preocupaciones de parte del personal clínico sobre el proceso de obtener el certificado de Ley 300. Cabe destacar que este tipo de personal y profesional capacitado prestan servicios esenciales”, indicó Figueroa. Añadió que entre los señalamientos frecuentes se encuentran el alto costo del certificado; demoras significativas en la solicitud de citas para huellas dactilares; demoras en la emisión del Certificado y confusión con el rol de la Policía de Puerto Rico.
Barlucea preguntó a la deponente si habían recibido quejas de los empleados. Figueroa dijo que sí, tanto por lo que se les cobra y los demás documentos que se exigen. Indicó que antes el proceso era solo con la Policía y gratis.
Además, se presentaron ante la Comisión la teniente Karen González del Negociado de la Policía y la licenciada Omara Arias en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP). “Resaltamos la importancia de evaluar la Ley 300-1999, supra, a los fines de armonizar sus disposiciones, para que sean cónsonas con la realidad de los procesos que se llevan a cabo en virtud de esta. De esta manera, pudiera delimitarse las instancias que la expedición de la certificación será a cargo del NPPR y establecer el costo por cada transacción”, explicó Arias.
La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó sobre la certificación de la Policía. La deponente expresó que la certificación que emite la Policía es diferente a la del Departamento de Salud, que incluye una verificación de estados y territorios. “A nivel federal no tenemos acceso a la base de datos”, sostuvo.
La presidenta de la Comisión preguntó cuántas personas tiene la Policía de enlace con el Departamento de Salud. La deponente indicó que al momento no tienen personas enlace, la agencia hace el proceso y cuando llega a la Policía, la solicitud se trabaja con los requerimientos que corresponde.
En su turno ante la Comisión, el licenciado Juan Troche, director ejecutivo de la Defensoría de las Personas con impedimentos expresó que se deben confeccionar métodos alternativos de cernimiento que sean expeditos, pero sin sacrificar el aspecto de la seguridad de los pacientes.
“Las personas con impedimentos y los niños son sumamente vulnerables en muchos aspectos, por lo que en el presente caso debemos sopesar el interés público que se pretende proteger y enfocar los esfuerzos hacia la seguridad de los grupos protegidos, y tolerar la burocracia. No queremos que nos mal interpreten en el sentido de que recomendamos tolerar la ineficiencia. Nos referimos a que de la investigación y sus resultados, se contemple la evaluación de los trámites administrativos y cambios estructurales, previo a tomar decisiones sobre flexibilizar requisitos que burlen el interés público”, manifestó Troche.
Barlucea preguntó si estaría a favor o en contra de la Orden Administrativa para extender el tiempo de vigencia de la certificación. El deponente señaló que “no estaríamos a favor de eso porque es bien amplia la gama que se podría delinquir en diferentes situaciones. Sí, se pudiera crear un balance apropiado con otra certificación”.
En la misma línea, se expresó el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, quien dijo no favorecer la extensión de tres años indicada por Ramos para la obtención de la verificación de antecedentes penales.
“Comienzo por dejar para récord que favorecemos el que se mantenga un sistema que permita revisar los antecedentes penales de aquellas personas que vayan a ser empleadas para ejercer labores de cuidado y atención de nuestros niños, adultos mayores y personas con condiciones de impedimentos físicos o mentales”, dijo Hernández. Mencionó como alternativa para agilizar los procesos hacer algún tipo de acuerdo con la Policía. A preguntas de Barlucea, el alcalde dijo que además de los $70 para la verificación por la huella, el proceso tiene un costo total de cerca de $300 para las personas que solicitan el trabajo.
