La Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Oscar Morales realizó una vista pública para evaluar el Proyecto de la Cámara 732, una medida que busca establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el acceso a medicamentos recetados para poblaciones médico-indigentes y proteger el Programa Federal 340B en Puerto Rico.
La Comisión de Salud recibió ponencias de diversos sectores que contrastan sobre los beneficios del proyecto frente a las preocupaciones fiscales y operacionales planteadas por agencias gubernamentales y la industria farmacéutica.
“Reconocemos que el Proyecto de la Cámara 732 persigue un fin loable al intentar proteger el acceso a medicamentos de nuestras comunidades más vulnerables, como los pacientes de VIH/SIDA. Sin embargo, como organismo responsable, el Senado debe evaluar con detenimiento el impacto que esta legislación tendría en el presupuesto del Plan Vital y en el ecosistema de salud de la Isla antes de tomar una determinación final”, expresó el senador Morales Rodríguez.
Durante la audiencia, la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico (ASPPR) defendió la medida, señalando que los 21 Centros 330 en la Isla reinvierten los ahorros del programa 340B para sostener servicios a más de 474,000 pacientes, incluyendo personas sin hogar y residentes de vivienda pública. Según la ASPPR, el proyecto evitaría transferencias indebidas del beneficio 340B fuera de la red de seguridad.
Por otro lado, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de Salud expresaron reservas, advirtiendo que la pieza legislativa podría aumentar significativamente los costos de medicamentos para el Plan Vital. ASES proyectó que, solo en medicamentos para el VIH, el impacto fiscal podría rondar los $35 millones al ajustar los reembolsos a tarifas que no son de 340B.
Asimismo, la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA) solicitó un informe negativo, argumentando que la expansión del programa podría resultar en costos más altos para los contribuyentes y pacientes.
Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) reconoció el objetivo social de la medida, pero recomendó enmiendas técnicas para asegurar que las sanciones propuestas se ajusten al Código de Seguros de Puerto Rico.
“Nuestro compromiso es con la salud de los puertorriqueños y la estabilidad del sistema que los atiende. Continuaremos analizando los memoriales que hemos recibido, que ya suman sobre 20 ponencias y solicitaremos los análisis financieros necesarios para asegurar que cualquier paso que demos fortalezca el acceso a la salud sin poner en riesgo las finanzas públicas”, concluyó el presidente de la Comisión de Salud.
El senador adelantó que estará enviando el proyecto a la Junta de Supervisión Fiscal y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para que puedan evaluar el impacto fiscal que pudiera estar ocasionar la implementación de la medida de ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
