Con un enfoque en la modernización, actualización y revisión de leyes que llevan décadas vigentes, la Comisión de Eficiencia, Reorganización y Diligencia celebró hoy una vista pública para discutir el Proyecto de la Cámara 1080.
La medida de administración, propone enmendar los Capítulos I y II de la Ley Núm. 38-2017, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Además, busca modernizar el procedimiento para la reglamentación gubernamental, establecer el Boletín de Reglamentos y el Código de Reglamentos de Puerto Rico, así como incorporar mecanismos de participación ciudadana, análisis regulatorio y revisión periódica de reglamentos, entre otros fines relacionados.
“El gobierno eficiente requiere evaluación constante y transparencia. Las vistas públicas nos permiten analizar los procesos, escuchar a los sectores involucrados y tomar decisiones informadas que fortalezcan los servicios que recibe nuestra gente. Ese es precisamente el propósito de esta vista: escuchar a todas las partes involucradas”, expresó el presidente de la comisión, Morey Noble.
Durante la vista pública, los deponentes coincidieron en que Puerto Rico enfrenta la necesidad urgente de modernizar su andamiaje gubernamental para responder a un entorno cada vez más competitivo. La complejidad de los procesos administrativos, las cargas regulatorias innecesarias y las estructuras obsoletas representan obstáculos reales para el desarrollo económico, la inversión y el bienestar de la ciudadanía.
Entre los deponentes se destacó la participación de la coordinadora de eficiencia gubernamental de IDEA, Verónica Ferraiuoli Hornedo, quien, junto al Departamento de Justicia, expresaron respaldo al proyecto.
Por su parte, el profesor y decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, William Vázquez Irizarry, planteó la necesidad de revisar los métodos actuales de publicación de avisos regulatorios. “Debemos evaluar la práctica de publicar únicamente en periódicos, ya que no necesariamente garantizan mayor alcance. Es importante considerar alternativas como los medios sociales, que pueden ofrecer mayor difusión y fomentar una participación ciudadana más amplia”, señaló.
En ese sentido y atendiendo ese punto, Ferraiuoli Hornedo explicó que existen 343 reglamentos derogados. No obstante, señaló que hay agencias que se han comunicado con la intención de evaluar y modificar reglamentos, pero no cuentan con el presupuesto necesario para llevar a cabo el proceso de divulgación en medios. Por ello, destacó la importancia de crear un portal que ayude a atender esa necesidad y facilite el acceso a la información.
Según datos presentados por IDEA, actualmente existen cerca de 4,160 reglamentos y enmiendas activas en el gobierno de Puerto Rico. De estos, el 90 % no ha sido revisado en más de cinco años, mientras que la edad promedio de los reglamentos es de 22.16 años.
La agencia explicó que la revisión de reglamentos fue uno de sus primeros esfuerzos, ya que estos documentos definen cómo el gobierno presta servicios al público y los procesos que deben seguirse para cumplir con la ley. Reglamentos desactualizados pueden generar trámites innecesarios, requerimientos obsoletos o retrasos injustificados en la prestación de servicios.
Otros deponentes del Ejecutivo fueron el Departamento de Estado y PRITS quienes expresaron su respaldo a la medida y destacaron el impacto positivo que podría tener para mejorar la eficiencia gubernamental y los servicios a la ciudadanía.
