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La Comisión de Educación presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, inició el estudio del Proyecto de la Cámara 32, para requerir a los departamentos de Vivienda y Educación evaluar las escuelas públicas identificadas en desuso, a los fines de designar al menos un plantel que esté bajo esta categoría en cada municipio, que sirva como refugio en caso de emergencia o desastre para familias en las que al menos uno de sus miembros requiera de atenciones médicas o de salud especiales.
La medida es de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y las representantes Pérez Ramírez y Omayra Martínez Vázquez.
Durante los trabajos, el designado secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero, indicó que el personal del Departamento de Salud (DS) trabajará solamente con personas que tienen necesidades de acceso, funcionales o de asistencia para sostener su vida.
Aclaró que “estas facilidades no constituirían un refugio médico como tal”.
Ramos Otero, indicó que en experiencias anteriores como el paso del huracán María y los terremotos en el 2020, los pacientes que están en situaciones de vulnerabilidad por lo general se trasladan a un hospital o un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de modo que su salud esté asegurada.
Ramos Otero comentó que, durante estos momentos, cuando estaba al frente del Colegio de Médicos Cirujanos, las personas no asistían a las áreas médicas que ellos levantaban, sino que iban a los hospitales cercanos a sus hogares.
“El lugar para atender un paciente inestable debe ser un hospital. No se debe tratar de atender un paciente inestable en un refugio, en el refugio debemos tener gente estable que necesitan alguna asistencia, pero personas que por ejemplo necesitan un ventilador, no van a un refugio, van a un hospital y hay una parte separada para esos pacientes que necesitan un ventilador, pero no tienen una emergencia”, puntualizó el secretario.
El titular señaló que, en la actualidad, el (DS) en casos de desastres, envía a enfermeras a los distintos refugios para monitorear a los refugiados, pero no cuenta con el personal necesario para satisfacer las demandas que se pretenden abordar en estas instalaciones.
“Es fundamental determinar cómo se llevará a cabo la asignación de personal en estos refugios y establecer criterios claros sobre quiénes estarán siendo atendidos en los mismos”, puntualizó el galeno.
Ramos Otero explicó que en estos casos sería un refugio dirigido a facilitar un servicio de asistencia de vida para aquella población que así lo necesite; más dirigido a poder atender las necesidades del diario vivir que puedan requerir paciente encamados, dependientes del sistema eléctrico u otros con necesidades de acceso y funcionales.
Por su parte, César González Cordero, coordinador del Área de Seguridad y Manejo de Emergencia del Departamento de Educación (DE), informó que esta agencia favorece la medida ya que al utilizarse otros edificios que no sean escuelas en las que se atienden estudiantes, el sistema de educación puede reiniciar las clases más rápido, una vez pasa la temporada después del desastre. El rol del DE en estos casos sería proveer la alimentación a los refugiados mediante el programa de comedores escolares.
González Cordero señaló que el DE no está a cargo de las escuelas que están en desuso, sino el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEBDI), para realizar las disposiciones gubernamentales y trámites legales referente a acuerdos de arrendamiento, ventas, transferencias y transacciones de propiedades y escuelas en desuso y de otras propiedades gubernamentales.
Este representante del DE señaló que los datos actualizados son tramitados por esta entidad en conjunto con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a través de la Oficina Asesora de la Administración de Propiedades por lo que recomendó que se validara los datos con estas entidades.
En torno a la identificación de los planteles que pudieran ser utilizadas, el deponente recomendó que se consulte con el coordinador interagencial del Negociado de Manejo de Emergencias ya que la agencia no está encargada de las escuelas en desuso, una vez son cerradas.
“Para identificar el estado actual de la infraestructura de estas escuelas en desuso habría que contactar al Sr. José A. Aponte Torres del DTOP, director de la Oficina de Administración de Propiedades, cuya entidad recopila los datos para validar el estado de las escuelas para efectos de arrendar estas propiedades.
A renglón seguido, Aponte Torres explicó que la postura del DTOP es cónsona con atender la necesidad del Gobierno de identificar estructuras que puedan servir de refugio. No obstante, los trámites en torno al proyecto no recaen sobre su agencia ya que solo está encargados de la titularidad de estas propiedades.
“Si bien de nuestra parte no tendríamos objeción a la firma de la medida, reconocemos que corresponde al Departamento de Vivienda, el Departamento de Educación, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes expresarse al respecto, pues son las agencias que están directamente involucradas con sus efectos”, dijo el funcionario.
Al finalizar la vista pública, la representante Pérez Ramírez expresó que la comisión “se dará a la tarea de que se identifiquen las escuelas pertinentes, que no estén en zonas inundables, para entonces evaluar en la comisión que sean favorables para ser refugios y que no sean las escuelas de nuestro sistema educativo de nuestro país las que sirvan como estas, para que cuando se tenga que reanudar las clases los estudiantes puedan volver a las escuelas lo más pronto posible. Estaremos evaluando en una vista pública la información que ha sido vertida para hacer un informe”.
