Un grupo de comerciantes del área de Piñones, en Loíza, denunciaron discrimen por parte de la Policía de Puerto Rico y exigieron trato igual. Las alegaciones se basan en el resultado de los planes de seguridad implementados por el Negociado de la Policía de PR. Los planes tienen como fin hacer cumplir la Orden Ejecutiva de la gobernadora, Wanda Vázquez, relacionada con la emergencia del Covid 19, lo que provoca pérdidas de hasta un 70% en las ventas de los comercios en la zona.
“Desde ayer, la Policía implementó su plan de seguridad que incluye un bloqueo antes de la entrada al puente conocido como Boca de Cangrejos. Nosotros tenemos básicamente las mismas licencias y permisos de operación que los restaurantes de comida rápida sin embargo, la Policía no establece puntos de cotejo ni bloqueos en las entradas de esos restaurantes pero deciden hacerlo en la entrada de Piñones”, denunció Christopher Sánchez, dueño del restaurante SunCity Rooftop y portavoz del grupo. “Nosotros, los comerciantes, enfrentamos un gran reto debido a todo lo ocurrido durante este año y debido a las medidas de prevención implementadas. El limitar el acceso a Piñones representa pérdidas sustanciales para los negocios y pudiera convertirse en un problema de seguridad y de flujo vehícular ya que el puente es una de las entradas y salidas más concurridas entre Carolina y Loíza”.
La Orden Ejecutiva establece en la Sección 5ta; 1(a), que los Comercios Exentos del cierre son: “Venta de alimentos preparados, exclusivamente mediante el modelo servi-carro o entrega (carry-out o delivery) sin permitir comensales en el interior de los establecimientos”. A tono con esta disposición, los comerciantes, quienes aseguran cumplen con la misma, exigen tener un diálogo con la Policía para auscultar alternativas de consenso que permitan manejar la situación de manera efectiva y sin discriminar contra los negocios de la zona.
“Entendemos que la Policía tiene que velar porque se cumpla con las disposiciones establecidas en la orden y coincidimos en que hay otras maneras que serían eficaces, las cuales tendrían un menor impacto en las ventas de nuestros negocios. La Policía puede establecer un patrullaje más efectivo y orientar a los ciudadanos que visitan el área tal y como lo hacen los comerciantes. El agente que se encuentra en el punto de cotejo decide quién entra a Piñones y quién no”, explicó Sánchez. “Esta determinación impacta doblemente al comerciante. Por ejemplo, una persona llama para ordenar el carry out, el restaurante prepara la comida, y cuando la persona llega al punto de cotejo incumple con las disposiciones de la orden ejecutiva y la Policía le prohíbe el acceso. Esto significa que el restaurante pierde el alimento que preparó y deja de recibir el pago del mismo. Imagínese esa situación múltiplicada por cada negocio”.
Sánchez hizo un llamado a las personas que visitan el área a cumplir con las medidas de prevención y seguridad impuestas por el gobierno de Puerto Rico para de esta forma poder suplir las necesidades de los clientes así como la de los comerciantes. También, hizo un llamado al comisionado de la Policía de Puerto Rico, Henry Escalera, a sostener una reunión de emergencia para atender la situación.
