El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de PR (CPTSPR) reaccionó hoy a la determinación emitida por el Tribunal Supremo que declara inconstitucional la colegiación compulsoria de este grupo profesional. Ante este escenario, el organismo se prepara para presentar una moción de reconsideración. “Siempre fue importante que nuestro Colegio tuviera la oportunidad de tener una audiencia para presentar nuestra posición y argumentos sobre la importancia de mantener la colegiación compulsoria, que es de beneficio para nuestra clase profesional y para las poblaciones que atendemos. Pero ese espacio no fue concedido”, expresó Krystal Pérez Martínez, presidenta del CPTSPR. “Desde el Colegio continuaremos la lucha por el reconocimiento de la profesión del trabajo social como un recurso esencial para la atención integrada de las necesidades de los sectores más vulnerados y como profesionales imprescindibles en la consecución de las condiciones sociales y la defensa de los derechos humanos. Es el Colegio quien vela por el desempeño profesional guiado por valores y estándares éticos, para asegurar precisamente que se haga una práctica adecuada”, puntualizó Pérez Martínez. El CPTSPR se creó en el año 1940 para defender los derechos de la clase profesional y regular su ejecución a través de un proceso democrático, con participación activa de la misma matrícula. Con el Código de Ética y la educación continuada se garantiza la calidad en los servicios que se ofrecen a las personas ciudadanas, se protege el bienestar de la sociedad puertorriqueña y se asegura el cumplimiento de los criterios profesionales. “La Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico ha expresado en reiteradas ocasiones que no tiene los recursos para llevar a cabo todas las obligaciones regulatorias que se requieren en la profesión y que realizamos desde el Colegio. Esta determinación afecta a la profesión y a sus profesionales. Expone a riesgos significativos a la ciudadanía al dejar una profesión sin una regulación efectiva, como la que hemos tenido durante las pasadas ocho décadas a través de la colegiación. Esto lo estaremos planteando en la reconsideración, ya que el Tribunal Supremo debe conocer los riesgos de desregular al Trabajo Social en el Puerto Rico que estamos viviendo”, añadió la presidenta del organismo.
