En una determinación que representa un duro revés para los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la jueza federal Laura T. Swain rechazó su más reciente reclamo de que se le debía $3.7 mil millones de dólares por dinero que se debió dirigir al pago de los bonos durante la quiebra pero que se utilizó para otros gastos operacionales, según ellos, no autorizados.
La decisión desestima una demanda presentada por un grupo de bonistas liderados por GoldenTree Asset Management, quienes insistían en que dicha cantidad correspondía a ingresos netos de la AEE durante el periodo de quiebra, exactamente luego del paso del huracán María e Irma y que, según ellos, debieron ser separados para su pago. Sin embargo, la jueza Swain determinó que el reclamo carece de validez legal.
“Apoyamos esta decisión de la jueza Swain. Más allá de la argumentación legal, es más que evidente que el sistema eléctrico no tiene $3.7 mil millones de dólares para regalar a los bonistas buitres” expresó Cathy Kunkel, Consultora energética del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) al señalar que GoldenTree Asset Management y otros bonistas adquirieron la deuda a precios reducidos tras el paso del huracán María y en medio del proceso de quiebra de la AEE. “No era posible priorizar en pagarles cuando el País estaba a oscuras y en los años más críticos del sistema luego del paso del huracán María, y ahora es imposible sacar $3.7 mil millones del sistema eléctrico sin perjudicar aún más la rehabilitación del sistema y la recuperación económica de la isla”, añadió.
La determinación judicial emitida a principio de esta semana es fundamental para que la jueza pueda pasar a evaluar sin más dilación el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la AEE, presentado por la Junta en marzo de 2025.
“Este plan de ajuste a la deuda se fundamenta en el Plan Fiscal más reciente que establece claramente que la AEE no puede aumentar las tarifas eléctricas para cubrir el pago de la deuda más allá de los costos operacionales, combustible, compra de energía y mantenimiento”, destacó la licenciada Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público..
Prados entiende que bajo este contexto, la decisión en contra de los bonistas refuerza la postura de que el sistema eléctrico de Puerto Rico enfrenta limitaciones reales que deben ser consideradas en cualquier acuerdo de reestructuración.
“Esperamos que la jueza actúe rápidamente para confirmar un Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE que refleje la realidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Hay que priorizar el mantenimiento e inversión en el sistema por encima del pago a los bonistas”, concluyó.
