La Cámara de Representantes aprobó en la sesión ordinaria de este lunes el Proyecto del Senado 927, que propone establecer un período voluntario de cinco minutos de reflexión en las agencias de gobierno antes de comenzar la jornada laboral.
La medida, avalada sin enmiendas, pasará a la consideración de la gobernadora Jenniffer González. La propuesta es un segundo intento de la Legislatura para crear una “Ley de Reflexión y Meditación” en los organismos públicos, luego de que la primera mandataria emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 93.
“Una medida que, aunque sencilla en su redacción, tiene el potencial de impactar positivamente la calidad de vida de nuestros servidores públicos y, por ende, la calidad del servicio que recibe nuestro pueblo”, expresó el representante Edgar Robles Rivera, autor del proyecto cameral que fue objetado por González Colón en septiembre de 2025.
En ese momento, la gobernadora explicó que concurrió con la intención legislativa, pero se opuso a que la política pública del gobierno impusiera este tipo de práctica a sus empleados y funcionarios. Posteriormente, presentó en enero del 2026 el Proyecto del Senado 927, cuyo equivalente es el Proyecto de la Cámara 1030.
Ambas legislaciones introdujeron la palabra “voluntaria” tanto en el título, como en el decrétase. En la Cámara, la Comisión de Gobierno recomendó la aprobación del proyecto senatorial tras destacar que la medida, en su versión final aprobada por la Cámara Alta, “mejoró considerablemente” al integrar las recomendaciones de técnica legislativa sugeridas por el Departamento de Justicia.
Es importante destacar informe positivo señala que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) coincidieron en que la medida respeta la separación de Iglesia y Estado “por su naturaleza voluntaria, neutral y no sectaria”.
“Esta no es una medida religiosa. Es una medida secular, neutral y constitucional… alineada con la jurisprudencia que reconoce la legitimidad de los llamados momentos de silencio cuando no promueven credo alguno”, manifestó, por su parte, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz.
El legislador opinó, al consumir un turno sobre el proyecto, que el estrés laboral, la presión institucional y la carga emocional “impactan directamente el desempeño de nuestros empleados públicos”. “Esta medida atiende esa realidad de forma responsable y balanceada”, añadió.
La medida recibió el voto en contra de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Mientras tanto, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto de la Cámara 1039, que propone derogar la Ley 70-1963 con el objetivo de apoyar la política pública de rehabilitación penal relacionada con el empleo en el servicio público en la Ley 8-2017, conocida como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos.
“La permanencia de ambas leyes regulando la misma materia resulta innecesaria y puede provocar duplicidad normativa, confusión interpretativa y aplicación inconsistente de la política pública sobre habilitación en el servicio público”, explicó el representante Ángel Morey Noble.
Según la legislación, la Sección 6.8 de la Ley 8 autoriza que toda persona convicta a quien se le haya concedido una sentencia suspendida o el beneficio de libertad bajo palabra pueda solicitar su habilitación en cualquier momento. En consecuencia, el contenido sustantivo de la Ley 70, supra fue incorporado y ampliado por la Ley 8.
Otras medidas aprobadas
Entre otras medidas, el pleno avaló el Proyecto de la Cámara 210, presentado por el representante Pérez Ortiz, para clarificar en la Ley del Programa de Guías de Verificación de Veteranos-Dueños de Pequeños Negocios (Ley 113-2012) la definición de veterano y veterano incapacitado del servicio.
También se concurrió con el Proyecto de la Cámara 609, del representante Morey Noble, con el propósito de facilitar los procedimientos y las tomas de decisiones de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico.
De igual manera fue refrendado el Proyecto de la Cámara 826, de la autoría del representante José Aponte Hernández, a fin establecer en la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño que todas las agencias de gobierno de Puerto Rico y municipio incluyan la información sobre programas de vivienda de interés social o subsidios en los anuncios de propiedades.
Otras medidas que recibieron el respaldo legislativo fueron el Proyecto de la Cámara 943, de la representante Odalys González González, para excluir de la Ley de Vehículos Oficiales a los directores de zonas del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; y el Proyecto de la Cámara 1029, de la delegación del Partido Nuevo Progresista, para restituir en el Código Civil el derecho de los abuelos y tíos a relacionarse con los menores.
Entretanto, el cuerpo legislativo aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 275, presentado por el representante Axel Roque Gracia, para ordenar al Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación a liberar las restricciones y condiciones sobre preservación del predio de terreno marcado con el número seis en el plano de subdivisión de la finca Vega Redonda, en Comerío.
Así también concurrió con la Resolución Conjunta del Senado 24, que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles transferir al Municipio de San Germán los terrenos y propiedades del Antiguo Centro de Transbordo que pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
La Cámara reanudará sus trabajos de la sesión legislativa el martes, 7 de abril, a la 1:00 de la tarde.
