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La Cámara de Representantes aprobó en Sesión Ordinaria, el Proyecto de la Cámara 321, que impone sentencia de reclusión en una institución carcelaria a toda persona convicta de cometer daño corporal o muerte a un ciudadano mientras conduzca un vehículo de motor bajo el estado de embriaguez y/o drogas ilegales.
La pieza legislativa establece la “Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas’, enmendando la “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba” a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave por la violación a la Ley de Vehículos y Tránsito que Tránsito de Puerto Rico en que se cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano.
Esta medida, de la autoría del representante Fernando Sanabria Colón, cita el caso de Esther Raquel y Eunice Raquel García quienes fallecieron por un choque en provocado por un conductor en estado de embriaguez.
Durante su turno, el legislador señaló que “los datos son claros, desde el 1982 hasta el presente han muerto más de 6,700 personas por culpa de conductores en estado de embriaguez; quienes hemos tenido la oportunidad de hablar con estas familias, de mirarlos a los ojos, de escuchar sus historias sabemos, que detrás de cada tragedia hay mucho más que una estadística, cada vida que se pierde en estas condiciones deja una ausencia que no se llena nunca más, un abrazo que se queda pendiente para siempre.El proyecto es un grito de auxilio, es acto de justicia un homenaje a quienes ya no están y, sobre todo, una promesa a quienes aún están aquí viviendo con ese vacío y exigiendo que algo cambie”.
Mientras que el presidente de la Comisión de lo Jurídico, el representante José “Che” Pérez Cordero, puntualizó que en los últimos tres años han muerto sobre 229 personas han perdido la vida a causa de conductores inescrupulosos que bajo los efectos de bebidas embriagantes han cegado la vida de estas personas”, por lo que enfatizó que la pieza es clara en torno a la pena de cárcel para los que causen unos daños graves o la muerte en estas circunstancias.
A renglón seguido, se favoreció el proyecto de la Cámara 540, del presidente camaral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez para enmendar la “Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional” para así incluir al Departamento de la Familia entre las agencias que deberán compartir información en el expediente digital.
Además, impone un término de diez días para que las agencias concernidas digitalicen y almacenen en el expediente digital los documentos de los participen y exime al “Puerto Rico Innovation and Technology Service” de la aplicación de la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” para evitar dilaciones innecesarias.
“La implementación del Expediente Digital Único optimizará los procesos administrativos, eliminará la duplicidad de gestiones burocráticas y garantizará que las personas con diversidad funcional accedan a los servicios esenciales de manera eficiente, ágil y sin interrupciones. Además, fortalecerá la conservación y gestión documental bajo los más altos estándares de seguridad, confidencialidad y protección de datos”, señala la exposición de motivos de la medida.
De otro lado, se avaló dos medidas que enmiendan la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, que ofrecen mayores herramientas para la protección de las víctimas de este tipo de delito.
Uno de ellos fue el Proyecto de la Cámara 98, de la representante Wanda del Valle, que aclara los alcances del incumplimiento de una orden de protección en los casos donde hay contacto voluntario entre las partes cuando esté vigente una orden de protección.
En la exposición de motivos de la pieza indica que “es necesaria una mirada al artículo 2.8 de la Ley 54, sobre el incumplimiento de la orden de protección tomando en consideración las circunstancias particulares por las que atraviesa una víctima de violencia doméstica, como lo son la manipulación, el maltrato sicológico, el temor, la dependencia, elementos que pueden estar presentes al momento de tomar la determinación de regresar con el agresor a pesar de existir una orden de protección”.
Por ello, se establece que el hecho de que la víctima haya tenido algún tipo de contacto que se pueda catalogar como voluntario con el agresor mientras dure la orden, no derrota la validez de esta, ni la autoridad del tribunal para determinar el incumplimiento con el mencionado artículo.
También fue favorecido el Proyecto de la Cámara 101, que enmienda la “Ley para la Educación, Prevención y Manejo de la Violencia Doméstica para los municipios de Puerto Rico”, a los fines de ampliar los temas de adiestramiento y capacitación del personal municipal que laboran en la policía municipal y sus cuarteles. Asimismo, para incluir la no revictimización de la víctima, el manejo de los menores testigos en los casos de violencia doméstica, así como proveerles adiestramientos de cómo trabajar con víctimas o testigos de violencia doméstica con diversidad funcional.
Por otra parte, fue avalado el Proyecto de la Cámara 136, del representante Ángel Morey Noble, para derogar la Ley 63 del 3 de julio de 1986 que prohíbe la venta en Puerto Rico de artículos que sean importados de otros países y que contengan la frase “Souvenir de Puerto Rico”, “Recordatorio de Puerto Rico” o frases similares por ser obsoleta e inoficiosa, ya que existen otras leyes que atienden este tema.
A su vez, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 138, del legislador Morey Noble, con el propósito de enmendar la “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico de Puerto Rico” para disponer sobre la política pública que regirá en Puerto Rico, con respecto a la identificación y derogación de aquellas leyes que puedan catalogarse como obsoletas o inoficiosas o que riñen con los planes de reorganización del gobierno, o con las acciones, programas y estrategias desarrolladas al amparo de la antes mencionada ley.
Además, el Proyecto de la Cámara 485, de Administración, recibió el respaldo para designar el cuarto jueves del mes de abril de cada año como el “Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM” en Puerto Rico reconociendo el valor del mérito, el potencial individual y la importancia de fomentar la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas como base para el progreso socioeconómico de Puerto Rico.
Igualmente, se le dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 19, del representante Jerry Nieves Rosario, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación llevar a cabo todas las gestiones necesarias con LUMA Energy, la Autoridad de Energía Eléctrica o cualquier entidad correspondiente con el fin de mejorar el alumbrado en la PR-2 en el tramo que va desde San Juan hasta Ponce.
A la par se aprobó la Resolución de la Cámara, del representante Emilio Carlo Acosta, para investigar la situación de las distintas carreteras estatales de los municipios de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros con el propósito de identificar necesidades de identificar necesidades de repavimentación, ampliación, construcción de nuevas y mejores carreteras, construcción de vallas, instalación de semáforos y mejoras geométricas.
Medidas del Senado
El Proyecto del Senado 449, de Administración, fue aprobado para enmendar la “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, a los fines de establecer un marco claro para el manejo de vacantes permanentes en el cargo de Procuradora de las Mujeres. De igual modo, instituir que cualquier persona que sea nombrada para esa posición- en sustitución de quien haya dejado una vacante en el puesto- el término será por diez años, una vez confirmada por el Senado.
Otra medida a que se le dio paso fue el Proyecto del Senado 49 para enmendar el artículo 1.050 del “Código Municipal de Puerto Rico” y así atemperarlo al artículo 2.040 de la misma ley que permite la notificación de adjudicación de una subasta a los licitadores certificados mediante correo electrónico.
A la lista de aprobaciones se une el Proyecto del Senado 65, que estaba bajo asuntos por terminar, el cual pretende enmendar la «Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico». Esto con el objetivo de extender a cinco años el término de renovación de permisos y certificaciones para el uso de tintes en parabrisas y ventanillas de vehículos. Además, se establece un trámite especial de renovación para personas con condiciones médicas permanentes.
Bajo los asuntos por terminar, se atendió la Resolución Conjunta del Senado 26- que busca enmendar la Sección 2 de la Resolución Conjunta 12-2016- con el fin de autorizar al Municipio de Trujillo Alto a utilizar la antigua Escuela Elemental Antonio S. Pedreira para establecer oficinas administrativas gubernamentales, municipales, estatales o federales; así como proyectos comunitarios o de organizaciones sin fines de lucro, o cualquier otro programa que el Municipio estime necesario para el beneficio de la comunidad.
La Resolución Conjunta del Senado 8 fue favorecida para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles- creado por la Ley 26-2017- que conceda el traspaso, transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico de la Escuela Laura Navarro, ubicada en el Barrio Ceiba Sur de Juncos, a la organización sin fines de lucro Long Term Recovery Group of Puerto Rico, Inc. (LTRG).
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria hasta el próximo lunes, 5 de mayo a la 1:00 p.m.