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Para ofrecer una herramienta adicional de protección para la creciente población de mayor edad en la Puerto Rico y las personas con diversidad funcional, la Cámara de Representantes discutió en vista pública el Proyecto de Ley 546, que enmienda la Ley 54 conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
El proyecto, que contó con el aval de los deponentes, busca tipificar como maltrato agravado cualquier delito cometido bajo el amparo de dicha ley que ocurra contra, en presencia de, o utilizando como medio de coacción a, una persona adulta mayor o una persona con diversidad funcional.
Ante la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social y su presidente el representante Ricardo Ocasio Ramos, depuso la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, la doctora Yolanda Varela Rosa, quien respaldó la medida al entender que “refleja un compromiso real con la erradicación de la violencia doméstica y con la protección de quienes, muchas veces, no tienen voz ni herramientas para enfrentar por sí mismos estas situaciones”.
De igual forma, Varela Rosa destacó la importancia de incorporar el criterio de uniformidad en el término de adulto mayor para referirse a toda persona de 60 años o más, pues “asegurará la consistencia terminológica necesaria para la adecuada protección, representación e identificación legal de esta creciente y valiosa población”.
Por su parte, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, respaldó la medida “por entender que representa un avance significativo en la protección de las personas adultas mayores y aquellas con diversidad funcional”.
Asimismo, la procuradora de las Mujeres, licenciada Astrid Piñero Vázquez, representada por la licenciada Tanya García Ibarra, señaló que las enmiendas propuestas no debilitan el enfoque de género que ya tiene la Ley Núm. 54 pues “al contrario, lo fortalecen al reconocer cómo la violencia también impacta de forma distinta a personas que muchas veces han sido invisibilizadas en estas situaciones”.
Al realizar estas enmiendas, comenta la Oficina de la Procuradora de las Mujeres que “se amplía la protección y se reafirma el mandato constitucional de garantizar igualdad y dignidad a todos los seres humanos”.
El proyecto establece que de acuerdo con el Perfil Sociodemográfico de la Población de Adultos Mayores (2023), publicado por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, un 31.05% de la población ya supera los 60 años. Además, el Negociado del Censo de 2022 identificó que, en 57 municipios, los adultos mayores representan más del 28% de la población total.
Las proyecciones indican que para el 2030, el 35% de la población tendrá 60 años o más, y para el 2060, esta cifra pudiera alcanzar el 43.7%.