 |
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Municipio de Cataño. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la adjudicación, contratación y desembolsos, entre otros objetivos, no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.
El Informe revela que el Municipio pagó $841 mil a cinco corporaciones sin licencia para operar el negocio de arrendamiento de vehículos de motor y equipo pesado desde el 2017 al 2021 por lo cual los contratos eran nulos. De éstas, cuatro corporaciones no tenían franquicia para operar vehículos de alquiler, y dos no estaban autorizadas por el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos. La entonces vicealcaldesa y directora de Compras y Suministros indicaron que desconocían que tenían que verificar las licencias de los licitadores.
Además, el Municipio alquiló 10 vehículos por $1,800 a $2,500 mensuales entre el 2018 y 2021, y no se aseguró que la corporación contratada no era dueña de los vehículos, sino que eran vehículos rentados a una institución financiera cuya transacción no permitía la subcontratación. El Municipio pagó $224 mil por este arrendamiento que a la corporación le resultó por $116 mil. Esto constituye un pago en exceso por $108 mil.
En ninguna de las facturas ni contratos, se identificaban los vehículos con el número de identificación vehicular (VIN number). En contravención de la Ley para Regular Contratos de Arrendamiento, los exdirectores de la Oficina de Asuntos Legales y de Obras Públicas, no procuraron incluir esta información.
Estas situaciones se refirieron a la consideración del secretario del Departamento de Justicia, al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, al presidente del Negociado de Transporte, a la Comisionada de Instituciones Financieras y a la institución bancaria en octubre de 2023.
La auditoría de ocho hallazgos señala que un exayudante especial y el exdirector de Vivienda Municipal, instruyeron a los empleados A y B a realizar trabajos en un negocio privado del primo hermano del entonces alcalde, y a cargar el tiempo trabajado a sus licencias de tiempo compensatorio, vacaciones y/o tiempo extra. El exayudante especial le recomendó al empleado C trabajar en el negocio privado a cargo de tiempo compensatorio y el dueño del negocio le pagaba por día trabajado. El empleado D accedió a trabajar dos sábados bajo amenaza de despido y al declinar seguir trabajando en el negocio privado le quitaron la guagua oficial asignada.
Estas situaciones se remitieron para la acción correspondiente al secretario del Departamento de Justicia y al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental en agosto de 2024. Por estas acciones se pudo haber configurado el delito de aprovechamiento ilícito tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.
El Informe evidencia que el Municipio incurrió en gastos extravagantes e innecesarios por $4,500 mensuales por concepto del arrendamiento de una guagua Cadillac Escalade Premium Luxury del 2021 a una corporación. La Junta de Subastas no protegió los intereses del Municipio ya que incluyó en la subasta descripciones específicas como que tuviera tres filas de asiento, segunda fila de butacas, tracción en la cuatro ruedas y aros de 22 pulgadas. El mismo vehículo estaba disponible en la Administración de Servicios Generales por $2,500.
La auditoría indica que, el Municipio invirtió $369 mil en dos proyectos que estaban abandonados, deteriorados y sin completarse. En el área recreativa de la urbanización Pradera-Almira, no se instalaron cuatro columnas previstas en el proyecto ni dos portones en alambre de verja. Además, el Parque La Esperanza tiene filtraciones de agua, acústicos desprendidos, limo y hongos en los pisos y paredes. De hecho, el contratista del proyecto del techo del Parque La Esperanza, se declaró culpable el 2 de agosto de 2022 por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de adjudicación de contratos a su compañía. (Se incluyen fotos.)
Esta situación que se atribuye a que el exalcalde y el exdirector de Obras Públicas no protegieron los intereses del Municipio, propicia que se tengan que utilizar recursos adicionales para reparar los daños.
El examen de otros tres proyectos de construcción por $596 mil, reveló que el Municipio no obtuvo de la Oficina de Gerencia de Permisos el permiso de construcción para tres proyectos. Esta situación expone al Municipio a que las agencias reguladoras le impongan multas y penalidades.
También, la auditoría publicó múltiples deficiencias de control administrativo como por ejemplo, que el director de Finanzas no obligó los créditos presupuestarios para el pago de 14 contratos y tres enmiendas por $779 mil relacionados al arrendamiento de vehículos de motor del 2017 al 2021. Además, se autorizaron desembolsos sin la certificación del proveedor sobre la ausencia de interés por parte de los empleados y las facturas de los vehículos arrendados no se marcaron como pagadas.
El Informe comenta en detalle el proceso judicial contra el exalcalde, cuatro contratistas y el exdirector de Obras Públicas. El entonces alcalde se declaró culpable el 25 de noviembre de 2021 por conspirar en esquema de soborno. Entre el 2021 y 2022, cuatro contratistas se declararon culpables por cargos de conspiración y sobornos con fondos federales a cambio de la adjudicación de contratos a sus compañías. El 12 de mayo de 2022, el exdirector de Obras Públicas se declaró culpable por participar en un esquema de conspiración.
El presupuesto de Cataño ascendió de $33.7 millones en el 2019, a $34.2 millones en el 2020, a $35 millones en el 2021 y a $36.7 millones en el 2022. Los estados financieros reflejaron superávits acumulados de $4.6 millones en el 2019, $3.9 millones en el 2020, $9.9 millones en el 2021 y $15 millones en el 2022.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Cataño cumpla con el Plan de Acción Correctiva de la OCPR.
Este primer informe cubre el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.