 |
En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo aprobó un paquete de medidas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, con el propósito, entre otros, de modernizar la administración pública mediante la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), la inclusión tecnológica y la mejora de servicios para personas con diversidad funcional.
Las medidas aprobadas en el Senado incluyen la creación de un registro de empresas que desarrollen IA en la Isla; la implementación de un marco regulatorio para la IA en agencias gubernamentales; la consolidación de servicios educativos en Braille y el establecimiento de un Expediente Digital Único para personas con diversidad funcional.
Como parte del grupo de medidas del líder senatorial fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 1 para ordenar al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), realizar un registro de todas las empresas o negocios que desarrollen lenguajes o códigos de Inteligencia Artificial en Puerto Rico.
River Schatz expresó sobre la medida que “la pregunta es quién se puede molestar porque se sepa quién está utilizando esa herramienta. De qué manera ofende, o de qué manera interfiere, o de qué manera daña. Nada, sencillamente es ponerlo en un registro para que haya constancia y luego de ese registro la Asamblea Legislativa o la propia agencia podrían, de alguna manera, decidir algún curso de acción adicional. El propósito es traer claridad y propósito”.
La exposición de motivos de la pieza legislativa indica que esta legislación nace con el objetivo de que el estado tenga conocimiento de las empresas que manejan este tipo de tecnología en su territorio. “Para ello, esta Asamblea Legislativa considera pertinente crear un registro de empresas que desarollen lenguajes o códigos de inteligencia artificial, con el fin de salvaguardar la seguridad y los derechos de nuestros ciudadanos”, menciona la Resolución en su exposición de motivos”, añade.
Igualmente, recibió la aprobación el Proyecto del Senado 68 con la coautoría del senador de mayoría, Wilmer Reyes Berríos, para crear “la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico”. El proyecto busca crear un marco regulatorio para la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en el gobierno. La pieza legislativa propone crear la figura del Oficial de Inteligencia Artificial adscrito a PRITS. Igualmente, establecer el Comité de Inteligencia Artificial con deberes específicos y desarrollar la política pública de IA para su implementación en agencias gubernamentales.
En su exposición de motivos, la medida menciona que diversos estados como California, Connecticut e Illinois, han presentado iniciativas legislativas para promover el desarrollo y uso de la IA, así como para limitar su alcance. “Por ello, esta Asamblea Legislativa considera necesario que el Gobierno de Puerto Rico se ajuste a los tiempos que vivimos. Para tal fin, se crea la figura del oficial de lnteligencia Artificial del Gobiemo de Puerto Rico, el Comité Asesor de Inteligencia Artificial y se ordena aI PRITS junto al oficial de Inteligencia Artificial el establecer, recomendar y desarrollar la política pública del Gobiemo de Puerto Rico sobre este tipo de tecnología”.
La senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, dijo que en vista pública se planteó la necesidad de salvaguardar que la actividad científica no sea una excusa eventual para reemplazar servidores públicos. A tales efectos, Álvarez presentó como enmienda y la misma fue aprobada que “en tal escenario, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno deberá notificar además a la Asamblea Legislativa por no menos 90 días de anticipación a la entrada en vigor de los cambios legislativos”.
A su vez, recibió el aval el Proyecto del Senado 82 con la coautoría la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, para enmendar “Ley de Política Pública de Diversificación Energética por Medio de la Energía Renovable Sostenible y Alterna en Puerto Rico”. La medida tiene como objetivo incorporar en la definición de energía renovable alterna el uso de tecnologías a base de hidrógeno, en consonancia con el plan estratégico adoptado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
El proyecto en su exposición de motivos sostiene que Puerto Rico debe asumir su responsabilidad en la lucha global contra el cambio climático. “En este contexto, la Asamblea Legislativa considera pertinente y necesario incluir el hidrógeno como una fuente alternativa de energía en la Ley 82-2010, para reforzar la política pública establecida en dicha legislación. Este enfoque no solo contribuye a la causa mundial contra el cambio climático, sino que también busca estabilizar los costos energéticos en Puerto Rico”, indica.
Además, de la autoría del lídera Senatorial y Rodríguez Veve fue aprobado el Proyecto del Senado 88, sobre alfabetización en Braille. La medida enmienda la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; y deroga la Ley Núm. 240-2002, según enmendada, a los fines de consolidar las disposiciones relativas a la alfabetización en Braille de estudiantes ciegos y parcialmente ciegos, promoviendo su evaluación individual y asegurando la igualdad de oportunidades educativas.
El propósito de la pieza legislativa es mejorar el acceso a la educación para estudiantes ciegos o parcialmente ciegos. La medida busca consolidar disposiciones sobre alfabetización en Braille dentro de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico; así como establecer evaluaciones individuales para asegurar igualdad de oportunidades educativas .
Igualmente, se aprobó el Proyecto del Senado 413 de la autoría de Rivera Schatz y la delegación del Partido Nuevo Progresista para establecer la “Ley del Expediente Digital Único para Personas con Diversidad Funcional”. La medida ordena a PRITS la creación, implementación y mantenimiento de un expediente digital centralizado que contenga información sobre los servicios prestados por el Departamento de Salud, el Departamento de Educación y la Administración de Rehabilitación Vocacional a personas con diversidad funcional; establecer los deberes de las agencias concernidas.
“Esta legislación constituye un paso significativo hacia la modernización y eficiencia del sistema gubernamental, asegurando un enfoque centrado en la inclusión y el bienestar y el desarrollo integral de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico”, menciona la medida en su exposición de motivos.
Además, recibió el aval el Proyecto del Senado 17 para fortalecer la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) al concederle mayores facultades para emitir certificaciones relacionadas con títulos de propiedad. Igualmente crear el Fondo de Reinversión Social, y transferir a la ODSEC todos los activos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales. Esta medida busca acelerar la entrega de títulos de propiedad a familias en comunidades rezagadas y consolidar esfuerzos contra la pobreza desde un enfoque integral.
En un turno, el presidente del Senado expresó que “consistente con la misión de nuestro padre fundador, que a propósito aquí fue presidente del Senado, hemos presentado esta medida no para que sea un superfluo, no para que haya alguna situación de quitarle nada a nadie, por el contrario, para consistente con lo que ha sido siempre el espíritu y el deseo que toda la gente pueda tener títulos de propiedad. Esto es lo que propone el Proyecto del Senado 17”.
De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 14, que enmienda la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico para prohibir que los operadores y sus proveedores recojan información de las apuestas de jugadores autorizados con el propósito de predecir su comportamiento. También, el Proyecto del Senado 74 que modifica la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para aumentar los beneficios por incapacidad transitoria (dietas) y autorizar ajustes periódicos por costo de vida.
Por otro lado, en el ámbito ambiental y regulatorio, fue aprobado el Proyecto del Senado 79 que transfiere a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) la facultad de otorgar permisos para la extracción de materiales como arena, grava y piedra, función que hasta ahora recae en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. El objetivo es centralizar y agilizar el proceso sin debilitar la fiscalización ambiental, ya que el DRNA continuará participando como ente fiscalizador. La medida se alinea con la política pública establecida en la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.
En materia de justicia, recibió el aval el Proyecto del Senado 164 que reestructura el Instituto de Ciencias Forenses eliminando su Junta de Directores y otorgando plena autoridad administrativa al Director Ejecutivo. La medida busca reducir la burocracia, mejorar la agilidad en la toma de decisiones y fortalecer la capacidad operativa del Instituto, cuya labor es clave en el sistema de justicia penal.
Además, fueron aprobados los Proyectos del Senado 59 y 60 que enmiendan la “Ley Notarial de Puerto Rico”. El PS59 tiene como propósito modernizar el sistema notarial eliminando el Registro de Testimonios manuscrito y sustituyéndolo por un índice mensual digital que los notarios deben presentar a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN). El PS 60 a los fines de rectificar la información que debe contener la Planilla Informativa sobre Segregación, Agrupación o Traslado de Bienes Inmuebles. La medida propone restituir la obligación del transmitente de entregar la planilla informativa al notario y asegurar que la Ley Notarial sea coherente con sus disposiciones originales y no se vea afectada por enmiendas ajenas a su propósito.
