La senadora Rossana López León, ex procuradora de las personas en edad avanzada, alertó sobre la situación que viven los dueños y administradores de los hogares de cuidado prolongado, en vista de que no hay un plan establecido para atender a dicha población por parte del gobierno “Con todo lo que está pasando con relación al Covid-19, no fue hasta ahora que el Departamento de la Familia envió una carta de página y media donde en términos generales se repiten los mismos consejos de salud que se le ofrece a la población en general. Con todos los recursos, personal y fuerza de ley que tiene el Estado, todo el mundo piensa que a estas alturas debiéramos tener un protocolo completo, racional y realizable”.
Hace dos semanas, senadora Rossana López León, como salubrista y gerontóloga, auspició un taller para encargados de centros de actividades para personas de edad avanzada, hogares y égidas de la zona de San Juan, con el propósito de orientar sobre el Covid-19 y las técnicas de prevención adecuadas para prepararse ante esta realidad.
“Siendo San Juan donde se encuentran la mayoría de las personas de edad avanzada con unas 60,000, además de tener dos focos de entrada del virus, como lo es el aeropuerto y puertos, mi llamada es a que tanto el Departamento de la Familia, como el Departamento de Salud y la Procuraduría de Personas en Edad Avanzada sean más proactivos ante esta situación”, añadió la senadora.
Datos adicionales sobre los hogares – El Programa Estatal del Procurador de Cuidado de Larga Duración, culminó el año fiscal 2018 impactando a setecientos setenta y seis (776) Establecimientos de Cuidado de Larga Duración. Dicho total incluye: cincuenta y cuatro (54) Establecimientos geriátricos licenciados por la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) bajo el Departamento de Salud; setecientos trece (713) instituciones y hogares sustitutos licenciados por el Departamento de la Familia, según establecido en la Ley Núm. 94 del 22 de junio de 1977, según enmendada y las nueve (9) Casas de Salud y «Skill Nursing Facilities» que tienen Certificación Estatal del Departamento de Salud; a través, de la Ley Num.101 y/o Certificación de Medicare. Durante ese año, se recibieron 4,249 querellas de maltrato institucional y se realizaron 242 comparecencias a los tribunales en protección de los residentes de las facilidades de cuido de larga duración.
