El presidente del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD), George Colón, denunció que el Municipio de Vega Alta, bajo la responsabilidad de la alcaldesa María Vega Pagán, fue multado con $16,550 por mantener desprotegidos a los oficiales municipales.
“Estamos ante un grave acto de negligencia administrativa sin precedentes. Y presento los documentos oficiales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (PROSHA), que confirman que el Municipio mantuvo a su cuerpo de la Policía Municipal patrullando las calles con chalecos antibalas cuyas garantías de seguridad estaban totalmente vencidas”, señaló Colón.
Según consta de forma vinculante en la Notificación de Impugnación de Citación y Penalidad (Caso Núm. 1884708), las autoridades estatales clasificaron la violación como «Serios» (Grave). La orden legal detalla explícitamente que el ayuntamiento falló en proveer un lugar de empleo libre de riesgos reconocidos que pudieran causar la muerte o daño físico a los empleados, particularmente en cuanto al riesgo de impacto en el cuerpo por balas disparadas.
La fiscalización de la agencia dejó al descubierto que el equipo de protección balística en uso continuo por los uniformados vegalteños tenía las garantías expiradas, invalidando la efectividad del panel de protección ante ataques con armas de fuego en zonas de alta incidencia criminal.
«Esto supera cualquier falla burocrática; estamos ante una insensibilidad administrativa alarmante que puso en juego directo la vida de los hombres y mujeres que salen a la calle a protegernos», sentenció Colón Berríos al sacar a la luz pública el expediente fiscal del caso. «Enviar a un policía municipal a intervenir en los barrios de Vega Alta en el turno de la noche, bajo condiciones de vulnerabilidad y con un chaleco que no ofrece garantías, es dejarlos desarmados frente al crimen. Para colmo de males, la inacción de la administración ahora le cuesta miles de dólares en multas de fondos públicos a los contribuyentes de nuestro pueblo».
El informe de PROSHA revela además que el Municipio se vio obligado a realizar un desembolso de emergencia de $24,395 para sustituir los chalecos únicamente tras verse acorralado por el proceso de inspección estatal que culminó en septiembre de 2026.
«Sustituir el equipo de protección porque te atrapó una inspección estatal y te impusieron una multa no es diligencia, es una reacción forzada por el miedo al costo político. La pregunta que la administración tiene que responderles hoy a las familias de nuestros policías y a todo Vega Alta es: ¿cuántos meses o cuántos años patrullaron nuestros oficiales desprotegidos antes de que llegara el Departamento del Trabajo?», cuestionó firmemente el líder popular vegaeño.
Ante la gravedad de los hallazgos documentados, Colón Berríos exigió una auditoría interna e independiente exhaustiva sobre el estado actual de toda la flota de patrullas municipales —las cuales, según denuncias del propio personal del cuartel, enfrentan serios deterioros de iluminación frontal y mecánica— así como una revisión del equipo táctico asignado a cada oficial. «Un gobierno municipal que no es capaz de cuidar a quienes nos protegen, carece de la legitimidad y la competencia para cuidar a nuestras familias. Vega Alta merece una administración que priorice la seguridad con orden, respeto y total responsabilidad», concluyó.
