El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) pidió hoy a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto del Senado 1096 (PS 1096), aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado la semana pasada. La medida, que crea la “Ley del Poder Judicial de Puerto Rico”, plantea serios problemas constitucionales, fue aprobada sin una discusión pública amplia y no atiende las reformas de fondo que necesita el país para garantizar una judicatura independiente, competente y accesible.
“Victoria Ciudadana favorece una verdadera reforma judicial, pero reformar no es mover facultades administrativas de un lado a otro dentro del tribunal. Es garantizar jueces y juezas independientes, escogidos por mérito, y un sistema de justicia al que la gente pueda acceder. Este proyecto no se ocupa de lo esencial y, además, plantea un problema constitucional de primer orden”, expresó la licenciada Eva Prados Rodríguez, Coordinadora General de la colectividad.
El proyecto plantea problemas constitucionales
El MVC sostiene que el PS 1096 altera, mediante legislación ordinaria, la distribución de facultades administrativas que establece la Constitución para el funcionamiento de los tribunales. Aunque la medida mantiene en el Juez o Jueza Presidente(a) la facultad de nombrar al director(a) administrativo(a), transfiere al Tribunal Supremo decisiones que, según el MVC, corresponden a la dirección cotidiana del sistema judicial.
Entre esas facultades figuran la selección de jueces y juezas administradores de las regiones judiciales y del Tribunal de Apelaciones; la designación de jueces y juezas para asuntos especiales y de quienes integran los paneles del Tribunal de Apelaciones; y el nombramiento de directores(as) de oficinas y negociados, incluidos en la Academia Judicial, Servicios Sociales, Métodos Alternos, Servicio de Jurado y Asuntos Legales, así como de oficinas que se creen en el futuro.
La licenciada Ana Irma Rivera Lassén, exsenadora del MVC, señaló que esta preocupación coincide con el análisis del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), cuyo memorial ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara concluyó que el proyecto plantea serios problemas constitucionales. Según el memorial, un cambio de esa naturaleza “no puede realizarse mediante legislación ordinaria y requiere, de ser deseada, una enmienda constitucional”.
El jueves pasado, la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, también solicitó a la gobernadora que vete la medida.
“Nuestra posición trata de defender el equilibrio entre las ramas de gobierno. Cuando la Asamblea Legislativa cambia por ley ordinaria cómo se organiza el mando dentro del Poder Judicial, lo que se debilita es la independencia judicial, y esa independencia le pertenece al pueblo, no a los funcionarios”, añadió Prados Rodríguez, abogada de profesión.
Una reforma sin diagnóstico ni participación amplia
El MVC cuestionó que el proyecto se aprobara sin estudios que documenten las deficiencias que pretende atender, sin explicar qué alternativas se evaluaron y sin evidenciar un proceso amplio de participación de la academia, la profesión legal, el personal de los tribunales y la ciudadanía que depende de sus servicios.
Aunque la exposición de motivos del PS 1096 identifica la concentración de poder en el Juez o Jueza Presidenta como un problema, Rivera Lassén señaló que “ni el proyecto ni su evaluación legislativa presentan datos o estudios sobre el funcionamiento de los tribunales que justifiquen los cambios propuestos”.
“Una reforma de esta magnitud exige datos, deliberación pública y un análisis de su costo, no solo económico, así como su efecto en las operaciones”, recalcó la licenciada Rivera Lassén quién además de Senadora también fue expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
El MVC también advirtió sobre las consecuencias que podría tener para el acceso a la justicia la eliminación gradual de las plazas de jueces y juezas municipales. Según la medida, no se realizarían nuevos nombramientos y las plazas desaparecerían a medida que quedaran vacantes.
En muchas comunidades, los jueces y juezas municipales representan el primer contacto de la ciudadanía con el sistema judicial y atienden asuntos urgentes, como órdenes de protección, determinaciones de causa probable, fianzas y detenciones por razones de salud mental. Para el MVC, eliminar esta categoría sin demostrar que mejorará la cobertura judicial ni los tiempos de atención supone un riesgo para el acceso a la justicia, particularmente fuera del área metropolitana. Es en esas salas donde la gente acude a dilucidar problemas en el vecindario y se refieren a mediación en muchos casos.
Las propuestas del MVC para una verdadera reforma judicial
Frente a lo que considera deficiencias del PS 1096, el MVC propuso que una reforma judicial integral se construya sobre la independencia judicial, la selección de jueces y juezas por mérito y un sistema de justicia accesible para toda la población.
Entre sus propuestas figuran:
-
Independencia judicial real: proteger a los tribunales de las presiones político-partidistas y de interferencias indebidas.
-
Selección por mérito: establecer un Consejo Evaluador plural de al menos 11 integrantes para las nominaciones judiciales, con representación del Departamento de Justicia, la Cámara de Representantes, el Colegio de Abogados y Abogadas, la sociedad civil, el sector sindical y las organizaciones de derechos humanos. El MVC señala que el PS 1096 no establece un mecanismo de esta naturaleza y mantiene los nombramientos en manos del gobernador, con el consentimiento del Senado.
-
Una carrera judicial con reglas claras: establecer criterios de ingreso, evaluación, capacitación y ascenso. Aunque el proyecto contempla la educación y evaluación de los jueces, no dispone reglas de ingreso ni de ascenso.
-
Mayor acceso a la justicia: desarrollar servicios legales civiles para personas de escasos recursos, ampliar los métodos alternos de resolución de disputas y fortalecer la representación legal de oficio. El MVC señala que el proyecto menciona estos asuntos, pero deja sus detalles para futuras reglas del Tribunal Supremo, sin crear servicios legales civiles ni asignar fondos para ello.
-
Un proceso participativo y transparente: constituir una comisión que encamine la reforma con la participación de todos los sectores interesados.
“Puerto Rico necesita una reforma judicial que mejore la justicia para la gente y proteja a los tribunales de la interferencia política. El P. del S. 1096 no atiende esas prioridades de fondo y, a nuestro juicio, debilita el balance entre las ramas. Le pedimos a la gobernadora que lo vete y que se abra un proceso serio, abierto y participativo. El MVC está listo para ser parte de esa conversación”, concluyó la licenciada Prados Rodríguez.
