Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, afirmó que la ciudadanía no puede continuar siendo el amortiguador financiero de los fallos operacionales y contractuales del sistema energético, catalogando de inaceptable que se pretenda transferir al pueblo, el costo por el uso de diésel como combustible sustituto en las plantas generatrices.
García Feliciano puntualizó que el origen de esta crisis tarifaria radica en la incapacidad de la empresa New Fortress de suministrar el gas natural pactado para la generación eléctrica, lo que forzó la utilización de diésel, un combustible considerablemente más costoso.
El Procurador del Ciudadano enfatizó que resulta contradictorio e injusto que, mientras las corporaciones discuten responsabilidades en los tribunales y ante el Negociado de Energía, sean los abonados -quienes ya enfrentan una tasa inflacionaria asfixiante y fallas recurrentes en el servicio-, los que tengan que desembolsar dinero de sus bolsillos para cubrir dicho desfase.
Como alternativa concreta y viable, urgió al gobierno de Puerto Rico a identificar y ejecutar mecanismos de compensación que absorban este sobrecosto, sin alterar la tarifa del abonado.
Entre estos mecanismos, García Feliciano pidió considerar la utilización de una partida de la reserva del Fondo de Emergencias del Estado para mitigar de forma inmediata, el impacto directo sobre el presupuesto familiar.
“Resulta imperativo garantizar que los recursos gubernamentales, cumplan su verdadera función de auxilio ante coyunturas que atentan contra la estabilidad económica de la familia, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, apuntó.
De igual forma, el Ombudsman reclamó que se asignen con carácter de extrema urgencia para beneficio directo de los consumidores, los $100 millones que debe reponer la empresa New Fortress, tras las reclamaciones operacionales vinculadas al tiempo en que la barcaza Amur River estuvo imposibilitada de atracar para despachar el gas natural.
García Feliciano fue enfático al señalar que cualquier crédito, devolución o penalidad recuperada de este incumplimiento logístico, debe ser acreditada inmediatamente al sistema energético para neutralizar el déficit del combustible, en lugar de diluirse en trámites burocráticos.
«La sensibilidad hacia nuestra gente no se demuestra con expresiones de molestia. Hay que tomar acciones gubernamentales decisivas que impidan el despojo continuo del ingreso familiar», sentenció el Ombudsman.
García Feliciano reiteró que las alianzas y contrataciones en el sector energético deben responsabilizarse por sus propias fallas operativas, donde el Estado posee la facultad y el deber moral de interponer los fondos disponibles para frenar este atropello financiero, antes de que se autorice cualquier ajuste en la reconciliación tarifaria.
El Ombudsman reafirmó su compromiso de agotar todas las vías administrativas para defender el derecho de los ciudadanos a un servicio eléctrico confiable y a un costo justo, impidiendo que la ineficiencia privada siga cargándose a la cuenta del pueblo.
“La gente no puede ser el cajero automático de las ineficiencias de las empresas encargadas del sistema eléctrico ni de su afán de lucro”, terminó diciendo Edwin García Feliciano.
