Ante las recientes advertencias del sector hospitalario sobre el impacto de los aumentos en la tarifa eléctrica, la senadora por acumulación Ada Álvarez Conde reclamó que se atienda el Proyecto del Senado 848, presentado el 6 de noviembre de 2025 y referido a la Comisión de Gobierno, que propone eximir a los hospitales privados de Puerto Rico de los cargos relacionados con las cláusulas de reconciliación en sus facturas de electricidad.
“Las propuestas están sobre la mesa desde hace meses. No podemos esperar a que un hospital cierre, reduzca servicios o que el costo termine trasladándose al paciente para entonces actuar. Desde noviembre del pasado año presentamos una alternativa concreta para aliviar la carga energética de nuestros hospitales. Lo que hace falta es que se evalúe y se atienda”, expresó Álvarez Conde.
Las expresiones de la legisladora surgen luego de que la Asociación de Hospitales advirtiera que los nuevos costos energéticos podrían obligar a las instituciones a negociar mayores reembolsos con las aseguradoras, lo que eventualmente podría traducirse en aumentos en las primas de los planes médicos. Por su parte, el Colegio de Administradores de Servicios de Salud alertó que algunos hospitales podrían enfrentar cierres si no se atiende la presión económica.
El P. del S. 848 propone que los hospitales privados paguen los cargos por cliente y por consumo eléctrico, pero queden exentos de las partidas relacionadas con las cláusulas de reconciliación, entre ellas los ajustes por combustible y compra de energía. La intención es que los recursos que actualmente se destinan a estos cargos puedan utilizarse para fortalecer las operaciones hospitalarias, adquirir equipos, mantener infraestructura y sostener servicios esenciales.
“Un hospital no es un comercio que puede cerrar sus puertas cuando aumenta la luz. Los ventiladores, las salas de operaciones, los equipos de diagnóstico y las unidades de cuidado intensivo necesitan electricidad las 24 horas. Cada dólar adicional que se destina a la factura eléctrica es un recurso que deja de estar disponible para atender otras necesidades del sistema de salud”, señaló.
La senadora recordó que el aumento vigente desde el 1 de octubre elevó la tarifa eléctrica aproximadamente un 18.5% para el consumidor residencial de referencia, mientras el sector hospitalario enfrenta incrementos significativos que no estaban contemplados en sus presupuestos. Además, advirtió que la inestabilidad eléctrica obliga a estas instituciones a mantener generadores y adquirir combustible adicional para garantizar la continuidad de sus servicios.
“No basta con reconocer que los hospitales están en dificultades. Tenemos que atender las propuestas que ya están radicadas. Mi proyecto busca ofrecer un alivio concreto a instituciones que son indispensables para la salud y la seguridad de nuestra gente. Exhorto a que se evalúe con urgencia, incluyendo su impacto fiscal y regulatorio, para determinar cómo podemos convertir esta propuesta en una herramienta real de apoyo”, añadió Álvarez Conde.
“Proteger nuestros hospitales también es proteger a los pacientes, a los profesionales de la salud y a las comunidades que dependen de ellos. No podemos permitir que el costo de la energía siga comprometiendo la estabilidad de servicios tan esenciales”, concluyó.
