La licencia de relacionista es una garantía para la profesión y para el país. Lamentablemente, hace varios años existe un esfuerzo que busca eliminar la misma. En mi opinión, eliminar la licencia de relacionista sería un retroceso para la profesión la cual tiene entre sus principales responsabilidades la función gerencial de establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y sus públicos.
Según la Asociación de Relacionistas de Puerto Rico (ARPR), son estos profesionales los responsables de velar por la reputación, el manejo ético de la información. También, contribuyen en prevenir crisis y asegurar el entendimiento mutuo entre los sectores públicos así como privados de la sociedad.
Tras la aprobación de la Ley 204-2008, la profesión se reguló con la finalidad de que los relacionistas elevaran los estudios académicos al grado de maestría y con ello solicitar la licencia. Casi dos décadas después, Puerto Rico cuenta con 1,593 relacionistas licenciados conforme datos de la ARPR. Sin embargo, a pesar de los avances en la profesión, actualmente se encuentra bajo evaluación el Proyecto del Senado 275, el cual busca eliminar la regulación y el licenciamiento obligatorio de varias profesiones, entre ellas las relaciones públicas.
Reitero que aprobar esta medida sería un retroceso para la profesión y el país, más aún cuando somos los relacionistas los encargados entre otros, de comunicar, una gestión vital para la convivencia social, entre otros aspectos. De la medida se desprende que las licencias representan una carga onerosa e innecesaria que tiene como resultado el encarecimiento de la actividad laboral y limita la competencia.
Sobre estos argumentos es necesario aclarar que en Puerto Rico, se puede ejercer la profesión sin necesidad de poseer la licencia. Sin embargo, la licencia es un mecanismo formal que garantiza que el relacionista cumple con los requisitos establecidos en la Ley para obtener la misma. Además, representa un criterio verificable de cumplimiento de preparación y exigencias reglamentarias.
En el país tampoco es obligatorio pertenecer a la ARPR, organización que reúne a los profesionales y contribuye en la educación continua de los mismos. Esto en contraste con otros países donde para ejercer la profesión se exige licencia y el cumplimiento de otros requisitos.
Hoy día, en medio del aumento del uso de la inteligencia artificial, de las noticias falsas, y del afán de profesionales de otros campos en realizar las tareas propias de un relacionista, la licencia es una herramienta que respalda la preparación académica y la responsabilidad ética de quienes ejercen la profesión. Poseer una maestría, cumplir con 30 créditos de educación continua en un término de cuatro años, laborar bajo los más estrictos estándares de ética, entre otros, son garantías que tienen las empresas, agencias o entidades al momento de contratar los servicios de un relacionista licenciado.
Al final del día, las licencias en las profesiones ofrecen seguridad y confianza a quienes reciben un servicio. Les invito a levantar la voz para evitar que se apruebe el proyecto propuesto el cual debilitaría las garantías que respaldan el ejercicio de las relaciones públicas en la isla.
