La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en Ley 208-2026 el Proyecto de la Cámara 1164, de la autoría del representante Fernando Sanabria, para fortalecer el derecho de los adultos mayores a recibir servicios esenciales públicos y privados sin enfrentar discrimen o exclusión por desconocimiento tecnológico o falta de acceso a internet y dispositivos electrónicos.
La legislación enmienda los artículos 2, 4 y 6.1 de la Ley 121-2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, para incorporar garantías de igualdad en el acceso a servicios y tecnologías, así como responsabilidades gubernamentales dirigidas a facilitar la inclusión digital de esta población.
“La tecnología debe ayudarnos a acercar los servicios a nuestra gente. Nuestros adultos mayores merecen recibir atención, orientación y apoyo para realizar sus gestiones, independientemente de si cuentan con internet o saben utilizar una plataforma digital. Con esta ley, fortalecemos sus derechos y promovemos alternativas accesibles para que puedan recibir los servicios que necesitan con dignidad y autonomía”, expresó la gobernadora.
La nueva ley reconoce el derecho de los adultos mayores a obtener orientación y asistencia adecuada al solicitar programas, beneficios o servicios mediante plataformas digitales. Esta asistencia deberá incluir formatos accesibles, lenguaje claro y herramientas de apoyo compatibles con los principios de accesibilidad universal y diseño inclusivo.
Asimismo, dispone que las agencias gubernamentales, sus instrumentalidades y los municipios provean información y materiales educativos comprensibles sobre sus plataformas tecnológicas. También deberán ofrecer métodos alternos para que las gestiones esenciales no dependan exclusivamente de medios electrónicos, incluyendo asistencia presencial razonable cuando la naturaleza del servicio lo permita.
“Una persona mayor no debe quedarse sin acceso a un servicio esencial porque no tiene una computadora o necesita ayuda para completar una solicitud electrónica. Agradezco al representante Fernando Sanabria por impulsar esta medida, que atiende una barrera concreta y fortalece la protección de nuestros adultos mayores”, añadió González Colón.
Asimismo, la gobernadora convirtió en la Ley 209-2026 el Proyecto de la Cámara 319, de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez, para establecer un término de noventa días laborables para la revisión, evaluación y aprobación de proyectos tecnológicos de las agencias gubernamentales sufragados en su totalidad con fondos federales.
La legislación enmienda el inciso (ff) del Artículo 6 de la Ley 75-2019, conocida como la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, con el propósito de agilizar los procesos administrativos y facilitar el uso oportuno de los recursos federales destinados a la modernización tecnológica del Gobierno.
La legislación busca reducir el riesgo de retrasos que puedan comprometer el aprovechamiento de las asignaciones federales y facilitar que las agencias cumplan con los requisitos y términos correspondientes.
“Seguimos impulsando un gobierno más ágil, moderno y orientado a resultados. Esta medida, establece un plazo para la evaluación de estas iniciativas y reconoce la función de PRITS en la transformación digital de Puerto Rico”, añadió González Colón.
González Colón firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 391, correspondiente a la medida de administración A-124, convertida en la Resolución Conjunta 66-2026, para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y solicitar formalmente al Presidente y al Congreso federal la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.
La Resolución Conjunta 66-2026 demuestra el reclamo de igualdad en el año del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.La medida solicita al Congreso que ejerza su autoridad constitucional para aprobar legislación que disponga la admisión de Puerto Rico. Asimismo, pide al Presidente de Estados Unidos que apoye y trabaje junto al Congreso en la aprobación e implementación de la legislación y las demás medidas necesarias para alcanzar ese objetivo.
Finalmente, la gobernadora, informó que impartió vetos expresos a los proyectos de la Cámara 181 y 279, así como a las resoluciones conjuntas de la Cámara 62 y 63, tras evaluar sus implicaciones fiscales, operacionales y regulatorias.
En los mensajes remitidos a la Asamblea Legislativa, la primera ejecutiva reconoció los propósitos de las iniciativas y explicó la necesidad de contar con financiamiento identificado, parámetros claros de implantación y cumplimiento con los mecanismos legales vigentes.
En cuanto al Proyecto de la Cámara 181, dirigido a promover el acceso de las personas con impedimentos a instalaciones deportivas y recreativas mediante obligaciones de registro y divulgación, la gobernadora señaló que impone responsabilidades sin acreditar los recursos necesarios para cumplirlas. El Departamento de Recreación y Deportes y la Defensoría de las Personas con Impedimentos certificaron aumentos en gastos de $250,000 y $100,000, respectivamente, mientras que WIPR condicionó la viabilidad de sus responsabilidades a contar con financiamiento o acuerdos que cubran sus costos. El veto establece que es necesario precisar los costos iniciales y recurrentes, aclarar posibles duplicidades e identificar el financiamiento antes de aprobar la medida.
Respecto al Proyecto de la Cámara 279, relacionado con la disponibilidad de torniquetes y el adiestramiento para su uso en agencias gubernamentales y escuelas públicas, la primera ejecutiva indicó que la medida no provee los recursos necesarios ni define suficientemente aspectos esenciales de su operación. Salud estimó aproximadamente $150,000 para desarrollar, implantar y mantener el registro y capacitar sobre su manejo, mientras Educación identificó gastos adicionales no cuantificados íntegramente y asuntos pendientes sobre la selección y certificación del personal.
La gobernadora recordó que la Ley 169-2025 ya exige un torniquete en el botiquín de cada patrulla de la Policía de Puerto Rico y adiestramiento acreditado para los agentes, como herramienta efectiva para proteger nuestros ciudadanos. Sostuvo que ampliar estas obligaciones requiere resolver los señalamientos fiscales y operacionales.
Sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 62, relacionada con el alumbrado público en Mayagüez, la gobernadora explicó que las necesidades identificadas deben atenderse mediante los mecanismos de colaboración y coordinación establecidos en la Ley 174-2026. Actuar sin la debida integración con ese marco podría generar costos no reembolsables, comprometer fondos federales y provocar señalamientos en auditorías.
De igual forma, la Resolución Conjunta de la Cámara 63, dirigida a atender deficiencias del alumbrado público en San Germán, recibió un veto porque su ejecución debe encauzarse conforme a la Ley 174-2026, con responsabilidades definidas y mecanismos adecuados de supervisión. La primera ejecutiva advirtió que una iniciativa sin integración con ese esquema podría duplicar esfuerzos, generar compromisos económicos sin garantías de reembolso y exponer recursos públicos y federales a riesgos fiscales y regulatorios.
