La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad de los presentes el Proyecto de la Cámara 738 de la autoría del Representante Ramón Torres Cruz. La medida impide que personas que admitieron delitos contra la integridad pública o malversación de fondos contraten con el Gobierno.
Hasta ahora, la Ley 237-2004 solo exigía que el contratista certificara que no había sido convicto ni declarado culpable. Quien admitía un delito al amparo de un acuerdo de inmunidad y nunca era procesado podía seguir contratando con el Gobierno, directamente o a través de corporaciones.
“Una persona podía admitir que le robó al pueblo, evitar la cárcel con un acuerdo de inmunidad y al día siguiente volver a cobrar del Gobierno. Hoy le cerramos esa puerta”, expresó Torres.
La medida contó con el endoso del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Departamento de Justicia y la Administración de Servicios. La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa certificó que no tiene impacto fiscal sobre el Fondo General.
“La inmunidad existe para conseguir testigos, no para premiar a quien confiesa. Con esta aprobación, el dinero del pueblo deja de estar al alcance de quien admitió haberlo tomado”, añadió Torres Cruz.
El proyecto pasa ahora a la consideración del Senado.
