La gobernadora Jenniffer González Colón presentó el Informe Final de la Junta Asesora Multisectorial sobre el Programa Medicaid de Puerto Rico, un análisis comprensivo que documenta las necesidades del sistema de salud de la isla, los avances alcanzados en el manejo del programa y las consecuencias que tendría para Puerto Rico no atender la estructura desigual de financiamiento federal antes del año fiscal 2028.
El informe fue desarrollado como parte de los trabajos establecidos mediante la Orden Ejecutiva 2026-006 y contó con la participación multisectorial de agencias gubernamentales, proveedores de servicios de salud, centros de salud comunitarios, organizaciones de cuidado coordinado, representantes de beneficiarios y otros sectores vinculados al sistema de salud.
“Este informe pone los datos sobre la mesa y demuestra por qué Puerto Rico necesita una solución para Medicaid. Estamos hablando del acceso a servicios de salud de miles de familias, adultos mayores, niños y personas con discapacidades. Hemos cumplido con las exigencias federales, fortalecido la fiscalización del programa y utilizado los recursos adicionales para ampliar servicios y mejorar el acceso. Ahora corresponde trabajar unidos para lograr en el Congreso una estructura de financiamiento que le brinde estabilidad a nuestro sistema de salud más allá de 2027”, expresó la gobernadora.
Actualmente, Medicaid brinda cubierta de salud a cerca del 40 % de la población de Puerto Rico. Bajo el Consolidated Appropriations Act, 2023, el porcentaje federal de asistencia médica, conocido como FMAP, aumentó temporeramente a 76 % hasta el año fiscal 2027, acompañado por aumentos en la asignación federal. Estos recursos han permitido ampliar la elegibilidad, incorporar servicios y fortalecer los reembolsos a proveedores.
Entre los avances documentados, Puerto Rico elevó el reembolso mínimo de Medicaid para servicios médicos hasta el 100 % de la tarifa de Medicare Parte B, además de aumentar las tarifas de salud conductual, revisar las tarifas de servicios dentales y fortalecer los mecanismos de pago hospitalario. El informe también documenta los trabajos realizados para cumplir con los requisitos federales de integridad programática, contratación, fiscalización y transparencia.
El informe indica que de no producirse acción congresional, el financiamiento federal podría reducirse en aproximadamente $3,360 millones anuales, mientras el FMAP regresaría al 55 % establecido por ley. Como comisionada residente, Jenniffer González logró en cuatro ocasiones salvar la cubierta de salud que cubre a sobre 1.3 millones de pacientes: $295.9 millones en el 2017, $4,900 millones en el 2018, $4,300 millones en el 2019 y logró un acuerdo de $19,000 millones para cinco años en el 2022.
“Esperar hasta que llegue 2028 no es una opción. Este es el momento de trabajar con el Congreso, con ambos partidos, para evitar una crisis de financiamiento que tendría consecuencias no solamente para los pacientes, sino para nuestros médicos, hospitales, proveedores y para toda la economía de Puerto Rico. Nuestra administración va a continuar defendiendo en Washington un trato justo para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico”, sostuvo González Colón.
Entre las alternativas planteadas por el informe se encuentra eliminar el límite o allotment ceiling establecido bajo la Sección 1108 de la Ley del Seguro Social y utilizar para Puerto Rico la misma fórmula que se emplea para calcular el FMAP de los estados, lo que, según el informe, probablemente produciría un FMAP de aproximadamente 83 %. El documento recalca que un aumento del FMAP debe estar acompañado por un aumento o eliminación del límite de fondos federales para evitar que Puerto Rico agote su asignación más rápidamente.
Además, el informe plantea ampliar la participación de Puerto Rico en programas federales actualmente no disponibles en igualdad de condiciones, incluyendo pagos para hospitales que atienden una proporción significativa de pacientes sin seguro o con cubierta insuficiente; acceso al Medicare Savings Program para ayudar a beneficiarios de bajos ingresos con primas y costos compartidos de Medicare; y acceso a Long-Term Services and Supports (LTSS). Si no hubiese fondos suficientes para implantar LTSS en toda la isla, el documento propone considerar un programa piloto regional.
El documento también establece que la estrategia ante el Congreso debe ser bipartita y multisectorial, incorporando al Gobierno, proveedores, organizaciones de cuidado coordinado y representantes de los beneficiarios alrededor de datos verificables sobre las necesidades y resultados del programa.
“Este no puede ser un reclamo de un partido ni de una administración. Es un reclamo de Puerto Rico. Tenemos que llegar a Washington unidos, con evidencia, resultados y una propuesta clara. El informe demuestra lo que hemos avanzado, pero también deja claro que una solución temporera no sustituye la estabilidad que nuestro sistema de salud necesita. Vamos a utilizar este documento como parte de nuestros esfuerzos ante el Congreso y el gobierno federal para lograr una solución de largo plazo”, concluyó la gobernadora.
El informe final señala que Puerto Rico continuará fortaleciendo la gobernanza, infraestructura tecnológica, fiscalización, transparencia y administración del Programa Medicaid, en coordinación con las autoridades federales y los distintos componentes del sistema de salud.
