La Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE) denunció hoy que Puerto Rico enfrenta las consecuencias de haber entregado componentes esenciales de su sistema eléctrico a empresas privadas que, según reclamaron sus portavoces, han colocado sus intereses contractuales por encima de la seguridad energética del país y que ahora podrían terminar trasladando al bolsillo de los abonados los costos de sus controversias, incumplimientos y decisiones operacionales.
Durante una manifestación frente al edificio donde ubican las oficinas de la Junta de Control Fiscal y el Negociado de Energía de Puerto Rico, el presidente de la AJAEE, Johnny Rodríguez Ortiz, y el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ricardo Santos Ramos, reclamaron que el sistema eléctrico sea tratado como un servicio esencial y no como un negocio privado.
“Cada día es más patente que nosotros los puertorriqueños tenemos que cobrar conciencia de que tenemos la capacidad y la sabiduría para defender nuestro sistema eléctrico como un servicio esencial y no como negocio de las empresas privadas”, sostuvo Rodríguez Ortiz.
Los dirigentes señalaron que la actual crisis con el suplido de gas natural constituye, a su juicio, uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de haber cedido control sobre infraestructura crítica.
Rodríguez Ortiz recordó que durante el proceso que condujo a la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica se argumentó que la privatización permitiría terminar con un supuesto monopolio público y abrir el mercado a compañías privadas que competirían para ofrecer un servicio más eficiente y económico.
El discurso era que los consumidores tendrían alternativas para escoger entre distintos proveedores, de manera similar a lo que ocurre en otros mercados. “Nos dijeron que las compañías privadas serían más eficientes, que reducirían el costo de la energía y que nosotros podríamos escoger la que más nos conviniera. Al final, no acusaron a nadie del llamado cartel del petróleo y ahora tenemos el cartel del gas”, afirmó.
La controversia actual con New Fortress Energy (NFE), añadió, demuestra los riesgos de depender de una sola empresa para infraestructura y suministro de un combustible indispensable para la generación eléctrica.
En julio de 2025, el suministro de gas natural a la Central San Juan fue suspendido por NFE en medio de una disputa por una deuda que la empresa estimaba en aproximadamente $12 millones. La situación provocó fuertes críticas de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien acusó públicamente a la empresa de intentar “chantajear” al Gobierno.
Rodríguez Ortiz cuestionó además el acuerdo que permitió a NFE tener acceso exclusivo a infraestructura esencial en San Juan, argumentando que esa situación limita la capacidad del Gobierno para recurrir rápidamente a otros suplidores. En 2025, la propia gobernadora reconoció públicamente que el acuerdo de 2018 otorgaba a NFE acceso al muelle y que esa situación colocaba al Gobierno en una posición de desventaja.
La AJAEE advirtió que la controversia actual puede tener una consecuencia directa para los consumidores: generar electricidad con un combustible considerablemente más costoso mientras continúa el tranque con NFE.
Las unidades 5 y 6 de la Central San Juan operan con diésel desde el 16 de septiembre, mientras el Gobierno acudió al Tribunal Federal para exigir que NFE permita activar el mecanismo contractual de tolling, mediante el cual otro suplidor podría llevar gas natural a través de la infraestructura de la empresa.
Bajo ese mecanismo, la AEE podría adquirir gas de un tercero y utilizar la terminal de NFE para recibirlo y procesarlo, pagando una tarifa por el uso de la infraestructura.
“Mientras ellos se pelean con el Gobierno, ¿quién paga la diferencia? El pueblo. Si tenemos que generar con diésel en lugar de gas natural, el costo termina afectando el sistema y eventualmente puede reflejarse en la factura”, sostuvo Santos Ramos.
Los dirigentes denunciaron que el Gobierno no puede limitarse a reaccionar cuando ocurre una crisis, sino que debe garantizar mecanismos contractuales efectivos para proteger al consumidor y evitar que las consecuencias económicas de disputas entre contratistas privados sean transferidas a los abonados.
Los manifestantes cuestionaron además la fiscalización del Negociado de Energía de Puerto Rico y reclamaron mayor transparencia sobre el impacto económico que tendrá la utilización de diésel durante la crisis del gas.
“En esto son unos expertos: esconder debajo de la alfombra los aumentos para después imponérselos al pueblo sin que la gente se dé cuenta”, afirmó Rodríguez Ortiz.
La AJAEE exigió que cualquier costo extraordinario relacionado con el incumplimiento o interrupción de servicios contratados sea identificado públicamente, así como quién será responsable de asumirlo.
“Lo que no puede ocurrir es que una empresa privada tenga una controversia contractual con el Gobierno, se interrumpa un servicio esencial, aumenten los costos de generación y al final se presente la factura al pueblo como si fuera responsabilidad del consumidor”, añadió.
La crisis se ha complicado por la controversia relacionada con el buque Amur River, que transporta gas natural licuado y cuya entrada al puerto de San Juan ha sido objeto de un litigio federal.
Para la AJAEE, esta situación demuestra que Puerto Rico no puede depender de una infraestructura crítica controlada por un solo operador sin contar simultáneamente con alternativas reales de suplido.
Santos Ramos cuestionó que una empresa privada pueda tener una posición que, en la práctica, le permite condicionar el acceso de Puerto Rico a un combustible esencial. “Esto demuestra que el sistema eléctrico carece de soberanía. Nuestros gobernantes tienen que recuperar la capacidad de tomar las decisiones que más le convengan al pueblo de Puerto Rico y no estar sujetos a las condiciones de las empresas privadas”, afirmó.
Los dirigentes también cuestionaron el modelo de privatización que, según plantearon, se ha extendido a través de LUMA Energy, Genera PR y New Fortress Energy.
Rodríguez Ortiz fue categórico al expresar que, a juicio de la organización, estas compañías no han demostrado que el modelo privado haya cumplido la promesa de reducir los costos y garantizar mayor confiabilidad.
“New Fortress no vino a resolver el problema de Puerto Rico. Al igual que LUMA y Genera, vino a hacer negocio”, afirmó.
La AJAEE aclaró que sus señalamientos forman parte de su oposición histórica a la privatización del sistema eléctrico y de su reclamo para que el Gobierno retome un papel central en la planificación, supervisión y protección del sistema.
La organización exigió al Gobierno, al Negociado de Energía y a la Junta de Control Fiscal que informen públicamente:
- cuánto le está costando al sistema eléctrico operar con diésel en lugar de gas natural;
- cuánto de ese costo extraordinario podría terminar siendo trasladado a los abonados;
- qué remedios contractuales existen contra los responsables de cualquier incumplimiento;
- qué medidas se están tomando para garantizar suplidores alternos;
- y qué mecanismos existen para impedir que una controversia entre contratistas privados termine convirtiéndose en otro aumento en la factura de electricidad.
“Lo que está en juego no es solamente un contrato entre dos compañías o una disputa entre abogados. Estamos hablando del combustible que mantiene encendida la luz de Puerto Rico. Y cuando el costo aumenta, el pueblo termina pagando”, enfatizó Rodríguez Ortiz.
AJAEE anunció que continuará sus manifestaciones el próximo miércoles 7 de octubre a las 10:00 AM frente a la Oficina Central de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce, como parte de su reclamo contra la privatización del sistema eléctrico y en defensa del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE.
“Llevamos cinco años en la calle porque advertimos que entregar el sistema eléctrico a intereses privados tendría consecuencias. Lo que estamos viendo con el gas demuestra por qué Puerto Rico necesita recuperar el control sobre un servicio esencial. La Autoridad debe volver a manos del Gobierno”, concluyó Rodríguez Ortiz.
