Tras aprobarse la ordenanza sobre el caso del propuesto edificio de estacionamientos en El Escambrón, el alcalde Miguel Romero Lugo publicó una columna y un carrusel sobre lo que se construiría en El Escambrón. Pero las propias láminas se identifican como «imágenes conceptuales» y describen elementos que “se proponen” o “se contemplan”. Lejos de despejar nuestras objeciones, esto las confirma: la Legislatura Municipal autorizó un derecho de superficie por 60 años antes de que existieran el diseño final, los estudios y los términos económicos del proyecto.
El término bajó de 90 a 60 años, se delimitó la huella y se limitó la estructura a un nivel adicional. Pero esas enmiendas no atienden los defectos fundamentales del proceso ni su falta de información. Lo aprobado faculta al Municipio a otorgar a una empresa privada, seleccionada sin competencia, un derecho de superficie por seis décadas sobre un bien de dominio público. Al momento de votar no existían estudios de tránsito, análisis ambientales, estudios geotécnicos ni un diseño final. El propio proponente admitió por escrito que prepararía esos documentos después de recibir la autorización. La debida diligencia exige el orden contrario: primero se estudia, se compara y se justifica; después se autoriza.
El alcalde señala que todavía no existe contrato y que el canon se establecerá posteriormente mediante una tasación. Lejos de ofrecer tranquilidad, esas afirmaciones confirman el problema. La Legislatura autorizó negociar y eventualmente otorgar un derecho real sin conocer cuánto recibirá el Municipio, cuáles serán las obligaciones de la empresa ni cuál será el proyecto definitivo. La transparencia posterior no sustituye el escrutinio que correspondía antes de aprobar la ordenanza.
Tampoco basta afirmar que no hay privatización porque el Municipio conservará la titularidad. La titularidad registral no agota la discusión. Un derecho de superficie por 60 años para la explotación comercial de un espacio público costero limita durante generaciones el control efectivo de ese bien. Esa decisión exige competencia, valoración económica, expediente técnico y participación ciudadana.
El proceso estuvo invertido desde el comienzo. El 26 de junio solicité documentos esenciales y vistas públicas. El requerimiento nunca fue contestado. Cuando finalmente se celebró una vista, el proponente no compareció; su memorial llegó después. La mayoría aprobó la medida sin haber visto un diseño o un plano y sin que estuvieran definidos los términos del contrato. Eso no es transparencia; es pedirle al país que confíe ahora y pregunte después.
También permanece sin contestar el asunto federal. El Parque del Tercer Milenio recibió asistencia bajo la Land and WaterConservation Fund Act y está sujeto a protecciones que pueden requerir evaluación y aprobación federal si se altera su uso recreativo. En el expediente no constaba la determinación federal correspondiente. Ordenar que se cumpla la ley en el futuro no demuestra que se haya evaluado su aplicabilidad.
No me opongo a mejorar El Escambrón ni a atender responsablemente una necesidad de estacionamiento, si los estudios la confirman. Me opongo a entregar primero el derecho y averiguar después qué se construirá, cuánto recibirá el Municipio y cuáles serán sus impactos. Si la administración cree en este proyecto, que abra un proceso competitivo, presente alternativas, produzca los estudios, atienda las restricciones federales y vuelva ante la ciudadanía.
Las representaciones digitales pueden ilustrar una intención, pero no sustituyen el expediente técnico y económico que debió existir antes de comprometer por seis décadas un espacio público costero. El Escambrón puede mejorarse sin sacrificar la legalidad, la transparencia ni su carácter público. Esas no son barreras al desarrollo. Son las garantías mínimas que San Juan merece.
