El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, nuevamente reclamó al gobierno de Jenniffer González un plan concreto para atender el desastre en la implantación del sistema Enterprise Resource Planning (ERP), conocido como Íntegra PR, ante los atrasos reportados en pagos a empleados, contratistas y suplidores gubernamentales. Las deudas van por loa $363.1 millones al día de hoy.
Hernández Ortiz recordó que el pasado 24 de agosto de 2026, la delegación popular en el Senado denunció públicamente los problemas que estaba ocasionando la implantación del sistema y reclamó explicaciones al gobierno. “Hace más de un mes levantamos la bandera. Advertimos que empleados, suplidores y contratistas del gobierno estatal estaban teniendo problemas para cobrar y presentamos información que demostraba serias deficiencias en el proceso de implantación. Esto no apareció ayer. El gobierno de Jenniffer González conocía que había un problema que debía atender con urgencia. No han tomado acción”, expresó Hernández Ortiz.
Información publicada recientemente en la prensa establece que permanecen pendientes aproximadamente $362.1 millones en obligaciones correspondientes al año fiscal 2026, mientras la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) extendió hasta el 31 de octubre el período para completar esos desembolsos. “Estamos hablando de $362.1 millones en obligaciones pendientes. Detrás de esos números hay suplidores que tienen nómina, pequeños comerciantes que tienen que pagar sus cuentas y trabajadores que prestaron servicios y esperan por el dinero que se les adeuda. Y no saben cuando van a cobrar”, señaló el senador.
Hernández Ortiz destacó particularmente los informes sobre contratistas del Negociado de la Policía de Puerto Rico que brindan servicios relacionados con víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales y que llevan meses esperando por sus pagos. “Cuando denunciamos las fallas de Íntegra PR no estábamos hablando simplemente de computadoras o de un problema tecnológico. Advertíamos sobre las consecuencias que una implantación deficiente podía tener sobre los servicios que recibe la gente. Hoy estamos viendo casos que requieren respuestas inmediatas”, sostuvo.
El líder popular recordó además que, cuando se presentó Íntegra PR en julio, la administración destacó que el nuevo sistema permitiría agilizar los pagos, aumentar la visibilidad de las transacciones gubernamentales y fortalecer los controles financieros. “Dos meses después de su implantación, corresponde explicar qué ocurrió, cuánto falta por pagar y cuándo se normalizará completamente el sistema. No basta con decir que eventualmente se resolverá”, expresó.
El senador reclamó que la administración de González Colón haga público un informe que detalle cuánto se adeuda por cada agencia, cuántos suplidores y empleados están afectados, la antigüedad de las obligaciones pendientes y un calendario específico para completar los pagos. Asimismo, indicó que solicitará información sobre los costos asociados con la implantación de Íntegra PR, los servicios contratados para su implementación y adiestramiento, y las medidas correctivas adoptadas desde que comenzaron a identificarse dificultades.
“Íntegra PR fue presentado como una herramienta para modernizar las finanzas del gobierno. Precisamente porque se han invertido cerca de $100 millones en su desarrollo e implantación, Puerto Rico tiene derecho a conocer qué falló, quién tenía la responsabilidad de anticiparlo y cuánto está costando corregirlo”, concluyó Hernández Ortiz.
