El Municipio de Cidra solicitó al Negociado de Energía que ordene a LUMA detener cualquier gestión para suspender el servicio eléctrico de sus instalaciones mientras se atiende una controversia por $319,216.88 y se determina si la empresa cumplió con los requisitos reglamentarios previos a una desconexión, luego de que una representante del consorcio eléctrico advirtiera por escrito al municipio que “les van a desconectar”.
“Esta amenaza de desconexión puede afectar instalaciones desde las que prestamos servicios esenciales a nuestros ciudadanos. No podemos esperar a que ocurra una suspensión para entonces cuestionar si se cumplió con el procedimiento. Por eso acudimos al Negociado de Energía para proteger la continuidad de los servicios mientras se atiende esta controversia. Me consta que otros municipios están en situaciones similares y no podemos permitir que esto ocurra”, denunció el alcalde, Delvis J. Pagán Clavijo.
La disputa surge por un balance de $319,216.88 que LUMA atribuye al consumo municipal por encima del Tope Máximo de la Contribución en Lugar de Impuestos, (conocido como CELI) correspondiente al año fiscal 2025-2026. Según la moción, LUMA informó al municipio que tenía hasta el 14 de septiembre para pagar la totalidad, acogerse a un plan de pago con un pronto de 25 por ciento o presentar una objeción de factura acompañada del pago de 50 por ciento.
“El municipio solicitó a LUMA que identificara el fundamento reglamentario para establecer esa fecha y que entregara la documentación relacionada con el proceso. Nuestra petición no busca que el negociado determine en esta etapa si corresponde pagar el balance reclamado. Lo que solicitamos es que se mantenga el servicio mientras se determina si se cumplieron los requisitos que establece el reglamento antes de una desconexión, que eso es lo que queremos evitar”, puntualizó el ejecutivo municipal.
“Una controversia sobre facturación debe atenderse mediante los procesos que correspondan, pero no podemos permitir que una posible suspensión ocurra antes de que el organismo regulador determine si se cumplieron los requisitos establecidos para llegar a esa acción. Nuestro planteamiento busca proteger las operaciones municipales y los servicios que dependen de ellas mientras el negociado evalúa los méritos de la querella”, agregó.
En la moción, el gobierno municipal sostiene que pidió a LUMA la factura final contemplada en el Reglamento 8818, evidencia de su notificación, los informes mensuales requeridos y las advertencias relacionadas con el procedimiento de suspensión. Al momento de la presentación del documento ante el negociado, la compañía que transmite y distribuye la energía eléctrica no había respondido formalmente a esos planteamientos. El alcalde explicó, además, que ese reglamento establece etapas adicionales antes de una desconexión, entre ellas la notificación de un plan y un calendario de suspensión.
