Pacientes de cáncer que se encuentren recibiendo tratamiento activo podrían quedar exentos del pago de contribuciones sobre sus primeros $150,000 de ingreso bruto anual bajo una medida presentada en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
El Proyecto de la Cámara 1417 propone enmendar el Código de Rentas Internas para establecer la exención para residentes de Puerto Rico durante cualquier año contributivo en el que reciban tratamiento activo contra el cáncer. La medida fue radicada el 31 de agosto de 2026 y se encuentra en comisión.
La propuesta fue presentada por los representantes Jerry Nieves Rosario, del Distrito 13, y Luis J. Jiménez Torres. El registro legislativo consultado identifica a ambos como autores principales de la medida.
De aprobarse, la exención aplicaría a los primeros $150,000 del ingreso bruto del paciente durante el año contributivo correspondiente. Cualquier ingreso que exceda esa cantidad continuaría sujeto a las disposiciones contributivas aplicables.
En el caso de matrimonios que rindan planilla conjunta, el proyecto permitiría computar el límite de $150,000 separadamente para cada cónyuge. Sin embargo, la exención sobre los ingresos del cónyuge no aplicaría cuando el matrimonio opte por rendir planillas separadas.
La medida también establece requisitos específicos para reclamar el beneficio. Entre ellos figura la presentación de una certificación médica emitida por un especialista que acredite que la persona se encuentra recibiendo tratamiento activo contra el cáncer.
El proyecto define ese tratamiento activo como aquel que puede incluir quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida o biológica, cirugía oncológica, trasplante de médula ósea o de células madre hematopoyéticas, entre otras modalidades reconocidas. La definición excluye, entre otros escenarios, las pruebas de diagnóstico y el seguimiento médico de sobrevivientes que ya no estén recibiendo alguna de las modalidades contempladas por la legislación.
Además, la propuesta dispone que el ingreso cobijado por la exención no se incluya para calcular la contribución básica alterna ni para fines de contribución estimada. A su vez, sería considerado ingreso bruto ganado para propósitos del crédito por trabajo.
Los proponentes sostienen que la iniciativa busca aliviar parte de la carga económica que puede enfrentar una familia durante el tratamiento contra la enfermedad.
“El cáncer es una de las principales causas de muerte en Puerto Rico y una de las experiencias más devastadoras que puede atravesar una familia”, expresó Nieves Rosario en declaraciones escritas.
Los datos oficiales del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico respaldan la magnitud de la enfermedad en la isla. Durante 2022 se reportaron 16,512 nuevos casos de cáncer y 5,392 muertes asociadas a algún tipo de cáncer. Asimismo, se estima que aproximadamente 39.7 % de la población podría recibir un diagnóstico de cáncer durante su vida.
Entre los hombres, el cáncer de próstata representó el 40.4 % de los nuevos diagnósticos registrados en 2022, mientras que entre las mujeres el cáncer de mama fue el más frecuente, con un 30.8 %.
Los legisladores argumentaron que las repercusiones económicas pueden extenderse más allá de los gastos médicos, debido a que algunos tratamientos requieren ausencias laborales y desplazamientos frecuentes para recibir servicios.
“Un diagnóstico de cáncer no es solamente una crisis de salud, es, casi siempre, una crisis económica”, señala la exposición de los proponentes, quienes plantean que tanto el paciente como su cónyuge pueden experimentar reducciones en sus ingresos durante el proceso.
La propuesta, sin embargo, abre también la discusión sobre su posible impacto en los recaudos del Gobierno. Un reporte sobre la medida señala que el proyecto no establece una cifra concreta sobre cuánto representaría la exención en ingresos dejados de recibir por Hacienda.
De convertirse en ley según está redactada, el beneficio comenzaría a aplicar para los años contributivos posteriores al 31 de diciembre de 2026. La propuesta deberá atravesar ahora el proceso de evaluación legislativa antes de que pueda ser considerada para aprobación final.
