La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que, tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía de Guayama, la juez Carol Ortiz Rivera declaró culpable a Luis Omar Rivera Pérez por maltratar y agredir sexualmente a un menor de cuatro años en un centro de cuidado diurno en Guayama.
Según la prueba de la Fiscalía, el convicto cometió los actos en el año 2024, mientras trabajaba en el centro de cuido NISI, a pesar de que no aparecía en el registro de empleados del establecimiento y, al momento de los hechos, se encontraba cumpliendo una probatoria por un delito violento. La madre de Rivera Pérez era la propietaria del centro.
La fiscal Paloma Crespo Santiago presentó siete testigos, como parte de la prueba. Además, aunque la víctima no declaró en el juicio, se logró que las declaraciones del menor fueran admitidas como evidencia mediante los mecanismos probatorios reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico.
La jueza Ortiz Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, halló culpable a Rivera Pérez por un cargo de agresión sexual, en violación al Artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y un cargo de maltrato a menores, al amparo del Artículo 53(a) de la Ley Núm. 57-2023, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.
Rivera Pérez se expone a una pena de hasta 50 años de prisión. La sentencia fue señalada para el próximo 30 de septiembre.
“Un niño de apenas cuatro años merece crecer rodeado de seguridad, cuidado y protección. Que haya sido víctima de estos delitos precisamente en un lugar al que su familia confió su bienestar hace estos hechos particularmente dolorosos. Hoy, su voz fue escuchada y la prueba presentada por nuestra Fiscalía permitió que se hiciera justicia. Nuestra solidaridad está con este menor y su familia, a quienes continuaremos acompañando durante este proceso. Reconozco la labor de la fiscal, del agente investigador y de todos los profesionales que intervinieron en este caso. Ante un delito de esta gravedad contra un menor, actuaremos con firmeza para proteger a nuestros niños y exigir que quienes atenten contra su seguridad respondan ante la justicia”, expresó la secretaria de Justicia.
La investigación estuvo a cargo del agente Héctor Ferrer Olivencia, adscrito a la División de Delitos Sexuales del área de Guayama de la Policía de Puerto Rico.
Como resultado de los hallazgos de la investigación, el Departamento de la Familia suspendió la licencia del centro de cuido, tras lo cual el establecimiento cesó operaciones.
