La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, publicó hoy el informe de investigación OC-27-11 sobre el Departamento de la Familia, enfocado en la contratación para el alquiler de tres vagones tipo oficina y el servicio de seguridad privada destinado a la reubicación temporal del personal de la oficina local de Guánica, tras los daños sufridos por los sismos de enero de 2020.
La investigación reveló que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2023, la agencia otorgó cinco contratos ascendentes a $426,174 para el arrendamiento de las estructuras, desembolsando $308,616 por su instalación y alquiler. A esta cifra se suman $310,248 pagados por concepto de seguridad privada en el área donde ubicaban los vagones. Sin embargo, la auditoría confirmó que dichos vagones nunca se utilizaron ni se prestaron servicios a la ciudadanía desde esas instalaciones durante todo el periodo examinado.
Durante dicho lapso, los empleados de la oficina local de Guánica estuvieron destacados y ofreciendo atención al público desde la oficina de Lajas. Esta situación no solo representó una erogación de fondos públicos sin utilidad ni beneficio para los participantes de los programas del Departamento, sino que afectó directamente a los residentes de Guánica al obligarlos a trasladarse a otro municipio para gestionar sus solicitudes y beneficios.
Dichas actuaciones contravienen los artículos 2.f y 2.g de la Ley Núm. 230 del 23 de julio de 1974, Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, los cuales exigen que las operaciones fiscales de las dependencias públicas se realicen dentro de un marco estricto de utilidad, necesidad y austeridad.
Por su parte, la Contralora recomendó a la secretaria del Departamento de la Familia a adoptar de inmediato las medidas correctivas pertinentes que velen por el uso óptimo y eficiente de los recursos económicos del Gobierno.
El informe de investigación OC-27-11 está disponible en www.ocpr.gov.pr.
