La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 165, ahora Resolución Conjunta 40-2026, una medida de la autoría del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, por petición de Darybel Ortiz, que designa un tramo de la carretera estatal PR-866, en el barrio Sabana Seca de Toa Baja, con el nombre de “Francisco ‘Paco’ Ortiz Santos”, en reconocimiento a su legado como líder cívico y comunitario.
La nueva resolución dispone que el tramo comprendido entre la intersección de la Panadería Mi Pan y la carretera estatal PR-872 lleve el nombre de Francisco “Paco” Ortiz Santos, además de autorizar la instalación de la rotulación correspondiente y el uso de fondos públicos, municipales, donativos privados y otros recursos disponibles para cumplir con ese propósito. Asimismo, establece un término de 90 días para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y el Municipio de Toa Baja implementen lo dispuesto en la medida.
Asimismo, la primera ejecutiva, firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 128, ahora Resolución Conjunta 41-2026, una medida que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evaluar la transferencia de la titularidad o la concesión de un usufructo u otro negocio jurídico por un término mayor de diez años a favor de la organización sin fines de lucro Centro Corazón Azul, Inc., sobre las instalaciones de la antigua Escuela Ernesto Juan Fonfrías, en el barrio Candelaria de Toa Baja.
La medida autoría de los representantes Pedro Santiago Guzmán, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez y de coautoría de Lisie Burgos y Tatiana Pérez Ramos procura brindar mayor estabilidad a la entidad para que pueda continuar y ampliar los servicios especializados que ofrece a adultos mayores de 21 años con autismo severo (nivel 3), población para la cual opera el único centro diurno de esta naturaleza en Puerto Rico.
«Las organizaciones sin fines de lucro que atienden a nuestras poblaciones más vulnerables necesitan herramientas que les permitan planificar a largo plazo y continuar ampliando los servicios que ofrecen. Con esta resolución damos un paso para evaluar una alternativa que fortalezca la permanencia de un centro que representa esperanza, inclusión y calidad de vida para decenas de familias puertorriqueñas», expresó la gobernadora.
El Centro Corazón Azul, Inc. ha operado en estas instalaciones mediante contratos de arrendamiento autorizados por el CEDBI, ofreciendo servicios gratuitos que incluyen desarrollo de destrezas para la vida independiente, rehabilitación vocacional, terapias y otros programas dirigidos a fomentar la autonomía e integración social de adultos con autismo severo. La organización fue fundada por madres de adultos con autismo tras identificar la falta de servicios especializados para esta población en Puerto Rico.
La Resolución Conjunta 41-2026 dispone que el CEDBI evalúe la viabilidad de transferir la propiedad o conceder un usufructo u otro negocio jurídico por un término mayor de diez años, conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017 y los procesos reglamentarios aplicables. Además, establece salvaguardas para garantizar que las instalaciones continúen utilizándose exclusivamente para fines públicos, sociales y comunitarios relacionados con la atención de personas con autismo severo, evitando su venta, cesión o utilización con fines de lucro incompatibles con el propósito de la medida.
Con esta firma, la gobernadora impulsó su respaldo a iniciativas que fortalecen la prestación de servicios a poblaciones con necesidades especiales y promueven el mejor aprovechamiento de propiedades públicas en beneficio de las comunidades.
Por otra parte, la primera ejecutiva, también firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 291, ahora Resolución Conjunta 42-2026, de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez, una medida que ordena a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación liberar las condiciones y restricciones de preservación e indivisión impuestas sobre una finca de tipo familiar ubicada en el barrio Florida del municipio de Vieques.
La medida dispone la liberación de las restricciones que pesan sobre el predio identificado como la Finca Núm. 1662, permitiendo hacer justicia a los herederos de Don Marcelo García Belardo y Doña Aurelia González Lugo, quienes por décadas han permanecido sujetos a limitaciones establecidas bajo la Ley de Preservación de Tierras para Uso Agrícola, aun cuando el Estado renunció hace más de veinte años a ejercer su derecho preferente de adquisición.
«Con esta resolución hacemos justicia a una familia que por décadas ha permanecido limitada por unas restricciones que ya no responden a la realidad para la que fueron creadas. Nuestro Gobierno continúa evaluando cada caso con responsabilidad, garantizando el respeto a la política pública de protección de los terrenos agrícolas, pero también atendiendo circunstancias particulares que ameritan una solución legislativa», expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.
La legislación reconoce que el propósito original del Programa de Fincas de Tipo Familiar ha evolucionado con el paso del tiempo y que las circunstancias sociales, económicas y demográficas de Puerto Rico justifican, en este caso particular, la liberación de las restricciones para beneficio de los herederos de la propiedad.
Con la firma de la Resolución Conjunta 42-2026, el Gobierno de Puerto Rico atiende una situación particular que permanecía sin resolver por décadas, brindando certeza jurídica a los herederos y permitiendo que el predio pueda desarrollarse conforme a las nuevas disposiciones establecidas por ley.
