La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, informó hoy los resultados de una investigación que reveló deficiencias en la fiscalización de un programa de incentivos económicos mediante el cual el Municipio de Florida desembolsó $114,500 a 138 comerciantes. Esto, sin dar seguimiento al requisito de presentar evidencia documental sobre el uso de los fondos públicos recibidos.
La investigación, por parte de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), se inició tras la evaluación de una querella relacionada con el otorgamiento de dichos incentivos.
El informe señala que la Legislatura Municipal autorizó el programa de incentivos con el propósito de ayudar a comerciantes afectados por los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia del COVID-19 y la inflación, debido a que las ayudas estatales y federales resultaron insuficientes. En diciembre de 2022, el Municipio distribuyó $114,500 entre 138 comerciantes elegibles.
La reglamentación municipal disponía que cada beneficiario debía presentar, dentro de un término de 90 días, un informe detallado del uso de los fondos, acompañado de la documentación justificativa correspondiente. Además, establecía que el Municipio debía realizar gestiones de seguimiento cuando los informes no fueran entregados oportunamente. Sin embargo, la investigación determinó que ese seguimiento nunca se realizó.
Durante la investigación, la directora de Finanzas certificó que los comerciantes fueron orientados sobre el uso permitido de los fondos y el requisito de rendir el informe de gastos. No obstante, también reconoció que no se realizó las gestiones necesarias para requerir la entrega de esos informes, por lo que carecía de la documentación que permitiera verificar si los incentivos fueron utilizados conforme a los propósitos autorizados.
Como resultado, la OCPR concluyó que esta omisión limitó la capacidad del Municipio para ejercer una fiscalización efectiva sobre el uso de los fondos públicos y para validar que los recursos se utilizaran de acuerdo con las disposiciones del programa. Además, la falta de seguimiento propicia el riesgo de un uso indebido de los incentivos económicos otorgados.
«Es indispensable cumplir con el principio de rendición de cuentas, ya que exige demostrar que los fondos públicos se utilizaron para los fines autorizados», expresó la Contralora de Puerto Rico.
Como parte de las recomendaciones, la OCPR exhortó al alcalde del Municipio de Florida a asegurarse de que se cumplan las guías establecidas para la administración de incentivos económicos y fortalecer los controles para futuras convocatorias. Entre las medidas sugeridas se encuentra establecer penalidades administrativas para quienes incumplan con la presentación de los informes de gastos, incluyendo la descalificación de futuras ayudas y el inicio de procesos de recobro de fondos que no puedan ser debidamente justificados.
El Informe OC-27-03 está disponible en www.ocpr.gov.pr.
