El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT-SEIU) denunció al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, debido a la reducción de la jornada laboral del personal de mantenimiento contratado por las empresas privadas Xpert’s y Mangual, así como la eliminación de aproximadamente 1,200 puestos de trabajo.
El SPT alegó que el DE tomó esta determinación sin considerar las necesidades de las comunidades escolares al reducir drásticamente el personal de mantenimiento.
«Esta directriz deja claro cuáles son las verdaderas prioridades del Departamento de Educación. La salud de la niñez y de las comunidades escolares no es una de ellas. Las escuelas continúan teniendo la misma cantidad de salones, baños, oficinas, canchas y patios que necesitan limpieza todos los días. Lo único que cambia es que ahora habrá menos trabajadores para realizar exactamente el mismo trabajo», expresó Mariceli González, primera vicepresidenta del SPT.
La dirigente sindical advirtió que la decisión llega en momentos en que Puerto Rico continúa enfrentando interrupciones frecuentes en los servicios de agua y energía eléctrica, circunstancias que hacen todavía más importante mantener condiciones adecuadas de higiene y salubridad en los planteles escolares.
«Las primeras víctimas de esta decisión serán nuestros estudiantes, pero también cientos de madres trabajadoras que todos los días se levantan de madrugada para mantener limpias nuestras escuelas y llevar el sustento a sus hogares.», añadió González.
El SPT denunció además la falta de respaldo del Departamento de Educación al Proyecto de la Cámara 703, medida que permitiría un aumento al personal no docente, incluyendo a los conserjes.
Ante la situación, el presidente del SPT sostuvo que la educación pública no se puede fortalecer si no se encuentra el personal de mantenimiento presente para brindar condiciones aptas en el plantel escolar.
El sindicato también expresó su indignación ante la alegada falta de compromiso del Departamento de Educación negándose a otorgar permanencia a las asistentes de Educación Especial.
Mientras tanto, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) emitió la Carta Normativa Núm. 1-2026 llamado Reglamento para la Administración Retributiva en el Gobierno Central que contó con el aval de la Junta de Control Fiscal por cumplir con el Plan Fiscal.
El sindicato afirmó que dicho reglamento regula materias fundamentales como salarios, incentivos, evaluaciones, criterios de elegibilidad y otras condiciones de empleo que afectan directamente derechos sustanciales de miles de empleados públicos, sin haber cumplido con las garantías mínimas de participación ciudadana establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). Asimismo, el SPT cuestionó que la Junta no tomara en cuenta el impacto de la Ley 45, la LPAU, ni los derechos de negociación colectiva reconocidos a los empleados públicos.
Por tal razón, el sindicato presentó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la nulidad del reglamento y la paralización inmediata de su implantación.
